TRÁMITES CON DOCUMENTACIÓN
A su llegada a Torrejón de Ardoz, los féretros con los cadáveres estaban bajo la responsabilidad del comandante del avión que los transportó (en concreto tres aviones C-130 de la Fuerza Aérea desplazados a Trabzon por orden del ministro de defensa, Federico Trillo). El piloto del avión es el responsable de todos los pasajeros y de la carga, durante el vuelo, entre aduana y aduana. Siempre, en el manifiesto de carga se deja constancia de lo transportado, y ello se comunica a la salida de un país y a la entrada en otro.
Una vez los cuerpos repatriados entran en España, si toda la documentación está en regla y la Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid avisada, los fallecidos son inscritos en el Registro Civil del punto de entrada, y el encargado del mismo emite las licencias de enterramiento o incineración.
Si va a ser enterrado o incinerado en otra comunidad, con los documentos del registro y la autorización de traslado el difunto es llevado a la localidad deseada, donde se le entierra o incinera, previo apunte en el registro del cementerio o crematorio.
TRÁMITES SIN DOCUMENTACIÓN
Todo lo anterior, siempre y cuando la documentación esté en regla; si no es así, si no hay documentación, o está incompleta, o con alguna irregularidad, el cadáver no pasará siquiera el primer
filtro, el de la aduana y la sanidad exterior, y se dará conocimiento al Juzgado de Instrucción del que dependa el Registro Civil en el punto de entrada, el cual está obligado a poner en regla esa documentación.
Si el problema estuviera relacionado con la identidad del fallecido ese juez recurriría al forense adjudicado a su juzgado para que le informara, y en caso de requerirse le recomendaría el envío del cuerpo a una morgue para su estudio. Hasta que no se regularizara la documentación no sería inhumado.
En el caso del accidente del Yak-42, las víctimas llegaron sin documentación, sin salvoconducto mortuorio, sin el documento único del consulado español… En España no estaban advertidos de su entrada ni sanidad exterior, ni las autoridades sanitarias de la Comunidad. Se les introdujo de contrabando.
EL GENERAL BELTRÁN Y EL JURÍDICO DIERON NOVEDADES
El general Beltrán había traído 30 cadáveres sin identificar, y los 62 sin documentación alguna. Junto con el general médico Navarro había firmado las actas de entrega de los cadáveres con las autoridades turcas, comprometiéndose en ellas a que la identificación de las víctimas sería completada en España, cosa que se llevaría a cabo cuando el juez de Torrejón se hiciera cargo del asunto. El general Beltrán traía una copia de las actas firmadas en Trabzon que con toda seguridad se adjuntaron a su «Informe de fin de misión«.
El jurídico desplazado a Turquía, comandante auditor Alberto Ruiz de los Paños, llegó a Torrejón con el primero de los tres aviones C-130 que transportaron los cadáveres. Al llegar dio novedades al coronel auditor Ignacio de las Rivas, segundo del general Javier Juliani Hernán en la Asesoría jurídica de Defensa, al que comunicó que “les habían entregado 32 cadáveres identificados y 30 sin identificar«.
BELTRÁN SOLICITÓ UN JUEZ
A pesar de que el general Beltrán solicitó a Defensa, al Director del Gabinete Técnico del ministro, general Manuel Ramón Bretón Romero, la presencia en el aeropuerto de un juez, no hubo autoridad judicial que recibiera los cuerpos, tal y como consta en la denuncia realizada por los familiares de las víctimas ante el Juzgado Central de Instrucción de la Audiencia Nacional.
La Asesoría Jurídica de Defensa, dirigida entonces por el general auditor Juliani Hernán, se puso en contacto con el Juzgado de Instrucción de Torrejón de Ardoz pero tanto el juez saliente como el entrante de guardia se negaron a despachar la entrada de los cuerpos en España. ¿El motivo de la negativa?, vaya usted a saber, pero seguro que estuvo relacionado con las sugerencias que le hiciera la Asesoría. Sea cual fuere la motivación, lo cierto es que ese juez hizo dejación de funciones y eso está muy penado, que lo sepa.
El trabajo hubiera sido rutinario: que vienen las víctimas con la documentación en regla, se rellenan los certificados de defunción del Registro Civil y se firman las licencias de enterramiento o incineración; que la documentación es anómala o incompleta, se retienen los cuerpos en la morgue local mientras se completa o arreglan los papeles, y si hubo problemas con la identificación, el forense adscrito a ese juzgado está obligado a conseguirla.
A FALTA DE JUEZ CIVIL, UNO MILITAR
La Asesoría de Defensa decidió que a falta de juez civil interviniera un juez militar, aunque éste no fuera competente, y para ello contactó con el juez togado militar n.º 32, de Zaragoza, que se prestó a gestionar la entrada de los cadáveres.
No está claro si al juez togado le informaron desde la Asesoría de la falta de identificación de las víctimas, pero lo cierto es que el militar dio el “sí quiero”, y él no era competente, y eso también está muy penado, que lo sepa éste también.
UNA DOCUMENTACIÓN “ALTERNATIVA”
Como los dos documentos imprescindibles para enterrar a las víctimas no los podían conseguir del que legalmente los debería expedir, el juez de Torrejón,decidieron hacerse con una documentación “alternativa”.
Para conseguir esa documentación se le solicitarían al cónsul en Estambul, Raimundo Ezquerra, los certificados del registro civil consular, y al juez togado militar las licencias de enterramiento.
Se repartieron las labores, de manera que los contactos con el consulado de Estambul los llevarían a cabo el general Bretón y el gerente de la EMSFMSA (Empresa Mixta de Servicios Funerarios de Madrid), mientras que la Asesoría de Defensa se encargaría de obtener las licencias de inhumación del juez militar togado
LOS CERTIFICADOS DEL REGISTRO CIVIL CONSULAR
La ley dice que «No se puede enterrar un cadáver sin licencia y ésta no se puede obtener sin inscripción previa en el Registro Civil», pues bien, las víctimas de este accidente, ni una cosa ni la siguiente; ni inscripción en el Registro Civil, ni licencia de enterramiento. ¿Qué pasó?
En un fax remitido por el gerente de la EMSFMSA, el 29 de mayo de 2003, al cónsul general de España en Estambul se dice: «Según conversación telefónica, solicito notificación vía fax de la inscripción en ese Registro Civil de la defunción de los militares españoles fallecidos en accidente aéreo el 26/5/03 en Trabzon (Turquía), para remitírselo a modo de licencia de enterramiento a los distintos Ayuntamientos donde se han realizado las inhumaciones. Sería suficiente la certificación en un mismo documento en el que se relacionen todos los nombres de los fallecidos españoles«.
Fue contestado el mismo día desde el Consulado: «Don …, encargado de los asuntos administrativos del Consulado General de España en Estambul, CERTIFICA: Que se ha procedido a la inscripción del fallecimiento en el Registro Civil de este Consulado General de las personas que a continuación se detallan; a continuación hace una relación de los 62 fallecidos y termina diciendo: «Y para que así conste, firma el presente en Estambul a veintinueve de mayo de dos mil tres«.
Se miente en ese comunicado ya que las inscripciones las realizó el cónsul el día 30 de mayo, excepción hecha de la del Teniente Coronel Solar, jefe del contingente, que estaba fechada el día 29 de mayo.
La EMSFSA al recibir el listado con las filiaciones de las víctimas del siniestro, repartió la información por los cementerios cuando ya se habían enterrado o incinerado los cadáveres.
LICENCIAS DE ENTERRAMIENTO
Paralelamentea las gestiones de Bretón y el gestor de la EMSFMSA con el Consulado, en la Asesoría de Defensa cavilaron que alser muertes violentas, los certificados tendrían que acompañarse de informes de autopsia para que el togado firmara las licencias de enterramiento, pero al no disponer el Ejército de médicos forenses tendría que conformarse con unos informes de necropsia que pedirían a los patólogos llegados de Turquía. Serían autopsias clínicas, o sea, las que pide un médico a un patólogo para que el primero pueda redactar los certificados, no autopsias judiciales, o sea, las que pide un juez a un forense. La combinación «informe de necropsia» con «juez militar» resultaría convincente.
Hay que tener presente que no existía ningún procedimiento abierto en ningún juzgado militar, con lo que la intervención de un juez militar estaba fuera de lugar, no tenía ninguna competencia en el asunto; sólo existía un sumario abierto en Turquía para investigar el accidente.
SANTIAGO COCA MENCHERO
Desde la Asesoría jurídica de Defensa contactaron con el teniente coronel médico Santiago Coca Menchero, jefe entonces del servicio de Anatomía Patológica del Hospital Militar «Gómez Ulla». Santiago Coca que era amigo y vecino del general Navarro y jefe directo de los otros dos médicos, se prestó a conseguir los certificados médicos de Navarro y los informes de necropsia de los patólogos.
Coca Menchero pidió a Navarro que rellenase los certificados médicos de defunción (CMD) e hizo regresar a la base aérea a los otros dos médicos, que marchaban a sus domicilios, para que rellenasen los informes de necropsia. Al retornar, los dos oficiales médicos recibieron de Navarro los apuntes que habían tomado en Trabzon y que se había quedado el general.
Los patólogos, desconocían lo firmado por los generales en la morgue de Trabzon, y le transmitieron a Coca sus sospechas:
– “Hay cuerpos que no tenemos como identificados en los apuntes; fue el general Navarro quien nos dio después el listado completo porque los habían identificado los turcos”.
– “Pues lo hacéis constar en el encabezamiento de los informes: “se nos da identificado como…” y ponéis el nombre”.
De ahí surgió el encabezamiento de los informes: “Se realiza necropsia de cadáver de varón, que se nos presenta identificado con el número (X) y como (nombre y apellidos)”.
Tanto a Navarro como a los patólogos, Santiago Coca les solicitó los CMD y los informes de necropsia “para el juez militar” que iba a llevar el asunto. Es por eso, por estar destinados a un juez militar, no a un juez civil, por lo que los tres médicos firmaron certificados e informes militares en su condición de militares, o sea, como general de división médico, comandante y capitán médicos; no firmaron los informes los patólogos, ni Navarro certificados médicos oficiales de la OMC, en su condición de médicos colegiados, o sea,como médico Dr. (xx) colegiado n.º (XX).
NO SE PODÍAN NEGAR
Por otra parte, si los patólogos tuvieran alguna sospecha no podrían negarse a firmar unos documentos que iban destinados a un juez militar. ¿Qué podrían argumentar?, ¿que no se fiaban del juez?, ¿que no se fiaban del ministro ni de sus colaboradores?, ¿que no se fiaban de su jefe?
Les habían metido, los jurídicos de la Asesoría y Santiago Coca, en una trampa sin salida. Ni siquiera podían recibir explicaciones de un juez militar que lo era en Zaragoza y que estaba en Barcelona. No había ni una oreja que pudiera escuchar sus dudas.
LOS DOCUMENTOS MÉDICOS NO SE USARON
Según la sentencia que condenó a los médicos militares la secuencia seguida para la inscripción de las víctimas en el Registro Civil fue: CMD de Navarro– Mº Defensa– Reg. Civil, es decir, las inscripciones se basaron en los CMD de Navarro, y eso es falso.
El cónsul Ezquerra recurrió al listado y filiaciones emitidos por el EMACON, nunca a los CMD de Navarro, él mismo lo reconoció en contestación al general Bretón: “Las inscripciones de defunción en el Registro Civil Consular se han realizado en base a los datos contenidos en dos listas que nos fueron comunicadas por la Agregaduría de Defensa de nuestra Embajada en Ankaray que adjunto a esta telecopia…”
Es decir, el cónsul ni vio los CMD de Navarro, otra prueba de ello es la falta de coincidencia en la data y en la causa de las muertes. La hora de la muerte indicada en las inscripciones del RC Consular son las 04:45 y en los CMD las 04:15 , y en cuanto a la causa de la muerte, en las inscripciones figura “accidente aéreo”, sin más.
Si el cónsul se hubiera basado en los CMDhubiera transcrito en las inscripciones la hora y la causa de las muertes apuntadas en los certificados. La información que le llegó de Defensa se circunscribía a los datos de filiación de las víctimas. El cónsul Ezquerra anotó la hora y causa de las muertes sin apoyo documental alguno, “de oficio”.
NAVARRO SABÍA QUE EL JUEZ LO SABÍA
Navarro sabía que venían cadáveres sin identificar, pero sabía que el juez militar también lo sabía porque se lo habían comunicado los jurídicos de la Asesoría que le seleccionaron, y estaba convencido de que dejaba el asunto en las mejores manos, de que el juez arreglaría la documentación de las víctimas y de que completaría la identificación.
¿QUIÉN DEJÓ SALIR LOS FURGONES FUNERARIOS?
Incomprensiblemente, tras las honras fúnebres celebradas en la base aérea, salieron los furgones mortuorios hacia las localidades de enterramiento sin que haya trascendido de quién partió la orden o autorización de salida de los coches fúnebres. Quede claro que nada tuvieron que ver los médicos. ¿Fue el general Bretón?, ¿fueron los servicios jurídicos?, ¿fue el gestor de la EMSFMSA al tener “solucionado” el tema de las licencias?, ¿dio autorización el juez militar togado?
Esta pregunta tan tontita no se le ocurrió ni al instructor del caso, Grande Marlaska, ni al ponente del juicio, Gómez Bermúdez, y es que ¡valiente pareja!
Las víctimas fueron trasladadas en los furgones mortuorios a sus localidades y allí enterradas o incineradas tal y como llegaron, sin papeles, sin autorización de traslado, sin certificados de defunción, sin licencias de enterramiento… y ¡sin problemas!. Más adelante se apañarían los papeles.
DÍAS DEL FUTURO PASADO
¿Cuál fue el devenir de los generales Beltrán y Navarro, el de los médicos patólogos y el de los que les indujeron a firmar los documentos?
LOS DERROTADOS
General de división José Antonio Beltrán Doña, responsable de la repatriación de las víctimas y firmante con Navarro de las actas de entrega fue ascendido por Trillo a teniente general, y bueno…, eso que se llevó.
Al llegar los socialistas al gobierno, el nuevo ministro José Bono le cesó y le pasó a la reserva. Fue imputado en el procedimiento por falsedad en la identificación de las víctimas junto a los tres médicos y después “incomprensiblemente” desimputado, él sólo. Había sido el responsable de gestionar la repatriación de los cuerpos y le desimputaron a él, pero no a los médicos..
General de división médico Vicente Carlos Navarro Ruiz, no fue ascendido por Trillo (el empleo más alto en Sanidad Militar es el que ya tenía, general de división médico). Al llegar José Bono le cesó y le pasó a la reserva junto al ya teniente general, José Antonio Beltrán.
En su declaración a la juez de instrucción Navarro asumió toda la responsabilidad en el tema de las identificaciones, eximiendo a sus subordinados y a sus superiores.
Junto a los médicos patólogos (comandante y capitán médicos) por la vía penal fueron condenados a penas de cárcel y a unas indemnizaciones que superaban los 300.000 euros (50 millones de pesetas) de la época.
En “casa” la cosa no fue mejor; fue condenado al bisbiseo a su paso, a las miradas curiosas, a la transparencia y a ser señalado. Con su muerte, que supuso un alivio para algunos, Navarro pasó de ser un personaje incómodo e inconveniente, a ser el “inmentable”, un nombre a rehuir; sencillamente para la Sanidad Militar Navarro “no existió”.
El Colegio de Médicos en vez de salir a defender a sus colegiados se mantuvo de perfil, las asociaciones médicas y de forenses se pusieron a silbar, los servicios jurídicos de Defensa fueron los que les habían preparado la trampa y la abogacía del estado en Defensa no cumplió con su obligación de defender a unos funcionarios imputados por unos hechos relacionados con su ejercicio profesional. En fin, muy mal rollo, pero como dijo el poeta: cagüen ros, ¡que duerman con ello!
LOS PREMIADOS
Coronel auditor Ignacio de las Rivas Aramburu, fue el primero en recibir novedades del comandante auditor Ruiz de los Paños, por tanto, el primero de la Asesoría jurídica de Defensa en enterarse de que las autoridades turcas habían entregado 30 cadáveres sin identificar. Fue ascendido por Trillo a general auditor.
Al llegar los socialistas fue nombrado magistrado de la Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León en octubre de 2006, en vacante de jurista de reconocido prestigio.
General auditor Javier Juliani Hernán, jefe de la Asesoría jurídica de Defensa que designó al juez militar encargado de tramitar la entrada de las víctimas del accidente aéreo, fue ascendido por Trillo a General Consejero Togado.
Al llegar los socialistas, el nuevo ministro de Defensa le debió coger afecto porque no sólo le mantuvo en su puesto si no que además le promocionó a magistrado de la Sala V de lo Militar del Tribunal Supremo. José Bono le propuso como favorito de una terna, saltándose el pacto tácito por el que Defensa debiera haber presentado como candidato para ese puesto a otra persona, al presidente del Tribunal Militar Central, que era además primero de su promoción y el magistrado con más experiencia procesal militar. El caso es que fue designado magistrado del T.S. por goleada, con 14 votos del CGPJ a favor y 6 en blanco.
General de división Manuel Ramón Bretón Romero, Director del Gabinete Técnico del Ministro con Federico Trillo. Fue quien acompañó a Turquía al ministro el día del accidente, quien actuó como secretario del Consejo de Dirección celebrado el día 27 de mayo donde se acordaron los preparativos de los funerales para el día siguiente, y quien trató junto al gerente de la EMSFMSA y al cónsul de España en Estambul, Raimundo Ezquerra, el irregular envío de las inscripciones de las víctimas en el Registro Civil Consular y la posterior corrección de errores en las mismas.
Al llegar los socialistas, José Bono hizo con él como con Juliani, le mantuvo en su cargo y poco después le ascendió a Teniente General.
Ya en la reserva fue nombrado por la Conferencia Episcopal presidente de Cáritas España.
Teniente coronel médico Santiago Coca Menchero, entonces jefe del servicio de Anatomía Patológica del hospital militar “Gómez Ulla” donde estaban destinados los dos patólogos, fue quien pidió a Navarro la emisión de los CMD y a los patólogos los informes de necropsia para remitírselos al juez militar. Llamado como testigo en el juicio, su declaración no les sirvió de ayuda a los tres procesados, al contrario.
Aupado por unos y por otros tuvo una carrera meteórica, llegando a general de división médico e Inspector General de Sanidad Militar. Como INGESAN, y con contactos en la Dirección General de Personal, desarrolló una red clientelar, vetándo a unos el acceso a determinados puestos y el ascenso incluso, y promoviendo a otros, que con escasos merecimientos saltaban promociones enteras y se despertaban hechos unos auténticos generales. No voy a dar unos nombres que están en la mente de todos los médicos militares.
Si brillante fue su carrera militar, más brillante fue su carrera empresarial como creador y único socio del lucrativo Instituto de Estudios Citogenéticos S.L.
No apoyó una investigación interna de lo ocurrido en Torrejón, aunque a decir verdad, tampoco lo han hecho sus sucesores en la INGESAN, ni la Subscretaría. Nunca tuvo un recuerdo amable hacia su “amigo” Navarro; tenga usted amigos.
