31ª YAK-42: “QUE SACO LO DEL YAK”

EL AUDIO DE VILLAREJO CON RIPOLLÉS

Se nota que es Villarejo quien conduce y alimenta la conversación; va cebándola de datos que imagina que desconoce su interlocutor, Carlos Ripollés, primer presidente de la asociación de familiares de las víctimas del Yak-42 AFATY, para, en contrapartida, ganarse la confianza del oyente y sonsacarle alguna confidencia, pero se enreda varias veces en el relato, “se hace la picha un lío”, y lo percibe Ripollés que hasta parece vacilarle: “sí, pero no habla de Félix Sanz…”, “¿esto lo mandaba Félix Sanz?”; en fin, una intervención patética de nuestro espía.

INVESTIGACIÓN DEL PATRIMONIO DE BONO

Villarejo, en su audio con Carlos Ripollés, hace referencia a la denuncia que le puso el PP a José Bono por su enriquecimiento exagerado e inexplicable. En aquella denuncia, entre las propiedades de Bono figuraban los dos áticos de Estepona de los que Villarejo ya tenía conocimiento por su participación en la investigación del escándalo urbanístico que salpicó al PSOE andaluz en aquella localidad (operación ASTAPA).

A Bono, que había sido ministro de Defensa y presidente de la Junta de Castilla la Mancha, y entonces era presidente del Congreso de los Diputados, la tercera autoridad del Estado, que le vinieran ahora con ésas…, con denuncias por corrupción… ¡a él!…

JOSÉ BONO CON SUS INCONDICIONALES

Se adelantó a la denuncia y envió a la fiscalía información y explicaciones que según él justificaban su patrimonio, e incluso, el día anterior a la denuncia formal del PP ante la Fiscalía General, mostró su fortaleza con una comida celebrada en la hípica Almenara. de su propiedad.

José Bono, exhibió su autoridad reuniendo a sus fieles en una comida en la hípica Almenara. Ahí tenemos, casi en formación militar, al entonces director y al ya ex director del CNI, Félix Sanz y Alberto Saiz, a todos los generales, JEME, JEMA, AJEMA, JEMAD, SEGENPOL… y a los altos cargos de su etapa como ministro y presidente de Castilla la Mancha. Se echa en falta a los generales Juliani y Bretón

LA FISCALÍA: “RECORTES DE PERIÓDICOS”

Semanas después de interpuesta la denuncia por posibles “delitos contra la Hacienda Pública y contra la Administración Pública”, la Fiscalía del Tribunal Supremo archivó las diligencias de investigación por considerar que los hechos denunciados por el PP no eran constitutivos de delito ya que se apoyaban exclusivamente en “meras fotocopias de periódicos». El Fiscal General del Estado, Cándido Conde-Pumpido, defendió el archivo de la investigación por estar «absolutamente fundado”, y Bono se declaró muy contento porque «todo ha quedado en nada».

EL SUPREMO: “INEXISTENCIA DE INDICIOS DE DELITO”

Meses después de ese archivo, la asociación Justitia et Veritas planteó de nuevo la querella contra Bono pero ahora ante la Sala de lo Penal del T. Supremo acusándole de cohecho continuado, delito fiscal y falsificación de documento público. La Sala de lo Penal del Supremo también archivó la querella por “inexistencia de indicios de delito”

VILLAREJO: “LA INVESTIGACIÓN DEL ÁTICO A TOMAR POR EL CULO”

«Entonces aparece Bono, que le ha regalado dos áticos que te cagas un constructor que se llama San Martín y tal, poniendo el cazo. Y el tipo coge y dice: ‘Oye, que saco lo del Yak’. Y coge y ¡pom!, esa investigación del ático se va a tomar por culo. Y Bono amenazando con papeles… Hace poco que dijo: ‘Tengo papeles’. Pues sácalos. Y al final dijo: ‘No tengo, era un tarjetón que mandaron'». «El tenía la copia que se quedó Alonso (el exministro J. Antonio Alonso) «.

RAFAEL SANTAMARÍA, AMIGO DE JOSÉ BONO

Se equivoca Villarejo cuando habla del constructor San Martín; está refiriéndose al obsequioso Rafael Santamaría, presidente de Reyal Urbis y amigo de José Bono, o mejor dicho: «no es amigo, es muy amigo, pero no es mi amigo del alma; nos presentaron en 1990; nuestra relación es pública y notoria, pero desinteresada”.

Rafael Santamaría, presidente de Reyal Urbis, muy amigo, pero no amigo del alma de José Bono, al que lo mismo le regalaba pisos que caballos de competición valorados en cientos de miles de euros.

LAS AMENAZAS DE BONO

“Oye, que saco lo del Yak”. Y coge y ¡pom!, esa investigación del ático se va a tomar por el culo. Pero, ¿qué era lo que amenazaba con sacar y a quién intentaba chantajear José Bono?, porque efectivamente la investigación se fue a tomar por el culo.

No amenazaba con sacar a la luz datos sobre la contratación de los aviones por Defensa como parecen entender los periodistas que sacaron el audio y que insinúa el propio Villarejo en el audio. Si Bono tuviera un solo documento, uno solo, que pudiera comprometer a Trillo, a Aznar o al propio rey, lo hubiera sacado al día siguiente de ser nombrado ministro o de conocer el hecho o el documento, y lo hubiera hecho con fruición, pues ¡menudo es él!; este tio no tiene piedad, “mata, no hace prisioneros”. Pero entonces, si no se relacionaba con la contratación del avión o con la identificación de las víctimas, ¿qué era “lo del Yak”?

¿A quién pretendía coaccionar si por entonces el PP estaba en la oposición y los suyos en el gobierno?, ¿quién se podría sentir amenazado, personalmente o como colectivo, con sus revelaciones?, ¿quién tenía la capacidad de cortar la investigación para que Bono no cumpliera sus amenazas? El Supremo, claro…, ¡el Supremo!

El PP repitió la denuncia por dos veces, una ante la Fiscalía del Supremo y otra, como asociación Justitia et Veritas bajo la dirección letrada de Jaime Ignacio del Burgo, ante la Sala de lo Penal, y el Supremo la archivó las dos veces mandando de esa manera “la investigación a tomar por el culo”.

El destinatario de la amenaza vemos que era el Supremo, ¿pero y “lo del Yak”?, ¿qué era “lo del Yak”?

“LO DEL YAK”

El ministro José Bono sabía que el general auditor, Javier Juliani Hernán, conoció la dejación de funciones del juez civil de Torrejón cuando se le pidió que tramitara la llegada de los cadáveres de las víctimas del accidente aéreo del Yakovlev, y que ese abandono de sus obligaciones probablemente lo provocó el propio general al relatarle al juez el estado en que llegaban las víctimas en cuanto a su identificación y a la ausencia de documentación, quién sabe; el caso es que ante la negativa de aquel juez a tramitar, como era su deber, la entrada en España de los cadáveres, se le ocurrió al general auditor poner a un juez militar para que le sustituyera, y puso al juez militar togado n.º 32, de Zaragoza. La participación de ese juez fue como fue, lo he contado en otras entradas, pero el caso es que el general Juliani le designó para hacerse cargo del asunto, a sabiendas de los dos, general y juez togado, que no era de su competencia..

Reunión en Defensa el 29 de junio de 2004 en el que miembros de la Asesoría Jurídica de Defensa revelan cómo el general Juliani habló con el juez de Torrejón para que se hiciera cargo de los trámites de enterramiento de los cadáveres, pero éste se negó a intervenir. El acta fue redactada y firmada por el general Bretón.

PREVARICACIÓN Y TRÁFICO DE INFLUENCIAS

Si el ilícito cometido por Juliani la magistrada Amparo Camazón, de la comisión disciplinaria del CGPJ lo entendió para el ministro Trillo como un presunto delito de prevaricación y tráfico de influencias; coño, pues lo mismo para el general auditor: delito prevaricación y tráfico de influencias, ¿o no? Y eso está muy penado.

LA MANZANA ENVENENADA

El satánico Bono introdujo la manzana envenenada, el general Juliani, en el inmaculado Tribunal Supremo, en su Sala Quinta, de lo militar. Era el candidato ideal, inocuo, neutro, no significado políticamente, fiel al ministro Trillo que le recompensó con un ascenso a general consejero togado, máxima autoridad en el cuerpo jurídico militar, y fiel a su sucesor en Defensa, el socialista José Bono, que le mantuvo como Asesor Jurídico de Defensa y después le metió de hoz y coz en el Supremo.

LA SALA QUINTA, DE LO MILITAR

La Sala Quinta, de lo Militar, está compuesta por un presidente y siete magistrados. De los ocho miembros, cuatro proceden de la carrera judicial y los otros cuatro del Cuerpo Jurídico Militar.

¿Cómo se seleccionan los miembros militares? El ministro de Defensa escoge un favorito entre la terna de candidatos que se le traslada, de manera que el nombre del seleccionado pasará después al CGPJ para su votación y nombramiento.

Entre los jurídicos militares que optaban entonces, el candidato previsto como ganador era el presidente del Tribunal Militar Central, con mayor experiencia procesal y número 1 de su promoción, pero José Bono no, el erre que erre, apoyó a Javier Juliani que al final fue nombrado magistrado de la sala Quinta del Supremo con 14 votos a favor y 6 en blanco.

La sala V es una sala de tercera, prácticamente ornamental, no trata asuntos ni resuelve nada que pueda incordiar o inquietar a políticos o a los propios mandos militares, pero ahí está, y cada uno de sus magistrados tiene el mismo rango, el mismo prestigio, que el de otras salas, es “un magistrado del Supremo”, ¡es la rehostia!

La sala V, no es como la sala de lo penal: que si el Gúrtel, que si los EREs, que si el caso Pepiño, que si lo de Baltasar Garzón, lo de los catalanes…; esa sala si que tiene marcha y conviene controlarla, rellenarla con magistrados amiguetes, lo que se entiende como una politización de la justicia.

Un ejemplo del hermanamiento de política y justicia: el señor de la derecha, con circulo amarillo, se llama Cándido Conde Pumpido y era el Fiscal General que cerró la investigación por el injustificado enriquecimiento del señor del centro, José Bono, quien a su vez abraza al recién nombrado ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska, que había sido juez instructor del caso Yakovlev, y al que Bono había dirigido algunas lindezas: “por encima de la vocación de independencia sitúa el deseo de ascender a toda costa”, “él decidió archivar el caso en la Audiencia Nacional y sus ascensos llegaron poco después”

LA POLITIZACIÓN DE LA JUSTICIA

La politización de la justicia persigue que cuando le lleguen asuntos que tocan de cerca al partido, o a alguno de sus miembros, se tenga una visión más favorable, e incluso, que sea rentable judicializar determinados asuntos para obtener esa bendición “urbi et orbi” que no se consigue por vía política, lo que se entiende como judicialización de la política: la justicia emite una sentencia que como mucho a los más discrepantes les lleva a tararear aquello de “la acato pero no la comparto”, así con retintín, con musiquilla.

Y que no se le ocurra a nadie insinuar o sospechar nada de ninguno de los bien parados por un archivo o una sentencia absolutoria. Y que no se le ocurra a nadie manifestar sus sospechas sobre el contrato que hizo Salvat por las memorias de José Bono al que le supusieron unas ganancias de 752.000 euros, cuando la editorial concedía su premio Planeta, el de mayor dotación económica del mundo (ese año valorado en 600.000 euros), al escritor Eduardo Mendoza, un “pringado” al lado de Pepe Bono. Que no se le ocurra a nadie desconfiar de unos hechos que han sido archivados.

DE POSIBLE INVESTIGADO A MAGISTRADO

Pues sí, Juliani, por obra y gracia del ministro José Bono, pasó de tener un pie en lo que sería una desagradable investigación, con condena de cárcel y/o una larga inhabilitación como mínimo, a convertirse en magistrado del Supremo. Su condena: ver cómo se castigaba a tres médicos inocentes que recibían la condena que tendrían que haber recibido otros, entre ellos, él.

Magistrado de la Sala Quinta del Supremo, Javier Juliani Hernán. A la derecha Juliani con Clara Martínez de Careaga, esposa de Cándido Conde Pumpido, nombrada también magistrada de la Quinta. Abajo, último CGPJ con dos vocales conocidos, Grande Marlaska y Martínez de Careaga; y es que son una familia.

PIEL DE CORDERO

“Piel de cordero”, como la de Jacob cuando le arrebató a Esaú, con la ayuda de Rebeca, la bendición de su padre, Isaac, lo que le permitió ser jefe de las tribus de Israel. “Piel de cordero”, la que llevaba Juliani cuando, con la ayuda del ministro José Bono, entró como magistrado del Tribunal Supremo. Ni lo de Jacob, ni lo de Juliani, tendría vuelta atrás.

Si a uno cualquiera de los miembros del más alto Tribunal le sacaran a relucir “pecados anteriores”, especialmente los relacionados con el ejercicio profesional, el resto de los compañeros se verían obligados a taparlos y a salir en su defensa ya que peligraría no el crédito del magistrado en particular, si no el de toda la institución, el de ellos también.

¿Nos imaginamos el escándalo que supondría un magistrado del Supremo acusado de prevaricación en el ejercicio de sus funciones?, ¿nos imaginamos el descrédito para la institución?, ¡qué vergüenza para la familia!