EL PP Y LA OFICINA DE CONFLICTO DE INTERESES
Me acabo de enterar de que el Partido Popular, por lo del presunto tráfico de influencias del presidente de Gobierno, pretende agotar la “vía institucional”, la de la Oficina de Conflicto de Intereses, antes de pasar a la vía judicial. Mi consejo es que se vayan ahorrando el primero de los paseos y se metan directamente en la vía penal.
Y es que el PP hace poco denunció a Pedro Sánchez ante la Oficina de Comflicto de Intereses por no inhibirse en el rescate de Air Europa. No sé en qué pruebas o información hayan basado la denuncia, pero, en cualquier caso, no fue el más avispado del partido quien propuso presentarla en esa ventanilla, y lo digo porque en su día yo también piqué, y como al PP desestimaron mi denuncia; pero joder, es que yo no tenía el apoyo jurídico de ese partido.
Siempre he pensado que si se usa el trapo de cocina y no se limpia después, lo que haremos con él será repartir la suciedad por encimeras, utensilios, tablas…, y si no se usa, si el trapo está limpio, todo en la cocina estará pringoso. Pues bien, ocurre lo mismo con esta Oficina de Conflicto de Intereses, que desde su creación en los tiempos de Zapatero hace 17 años ha conseguido un número de sancionados que se cuentan con los dedos de las manos, lo que indica que seguramente la corrupción y la prevaricación tendrán contaminadas todas las administraciones.
Curioso, la OCI desde su creación ha estado dirigida por la misma persona, Flor María López Laguna.¿Cómo ha sido posible que esa señora se mantuviera en el mismo destino con sueldo y rango de subdirectora general, hasta que llegó Pedro Sánchez que le dio sueldo y rango de directora general?; pues porque la OCI, con socialistas y populares, daba igual, a ninguno molestó en los 17 años, lo que hace sospechar que Flor María se dedicó todo ese tiempo a archivar las denuncias que le llegaban sobre casos de corrupción, prevaricación y amaños de contratos en la Administración, de manera que su tesón por encarpetarlos convirtieron a Doña Flor en la más conveniente e insustituible directora de la Oficina, la ideal, sí, pero con el paso del tiempo también se convertía en denunciable por incompetente y prevaricadora.
AUTONOMÍA Y PLENA LIBERTAD DE ACCIÓN
La OCI tiene entre sus competencias la de gestionar el régimen de incompatibilidades de todo el personal al servicio de la Administración General del Estado, de sus organismos públicos y del sector público estatal.
La autonomía funcional de la OCI es total y, además, por ley, su personal tiene la obligación de mantener en secreto los datos e informaciones que conozca por razón de su trabajo, y la prohibición de solicitar o aceptar instrucciones de ninguna entidad pública o privada.
O sea, la directora tiene completa libertad de acción, abre o archiva expedientes a placer, con la seguridad de que su personal no se irá de la lengua y sin que nadie la fiscalice, siendo su única obligación la de enviar cada seis meses al Congreso un informe acerca de sus actividades, de los expedientes administrativos abiertos, de las sanciones impuestas y a quién.
Libertad de acción de Doña Flor. ¡¡No tendrá otras cosas que hacer, que averiguar si el Presidente de Gobierno se ha dado de alta en autónomos!!
MI EXPERIENCIA CON LA OCI
Voy al grano con mi denuncia: en noviembre de 2019 interpuse en la OCI denuncia por un caso de actividad empresarial de un alto cargo de Defensa, el general de división médico Santiago Coca Menchero, que fue director del Hospital Militar Central de la Defensa y después Inspector General de Sanidad Militar hasta 2018, desde donde se reincorporó como catedrático en la Facultad de Medicina de la universidad pública de Alcalá de Henares.
Es un personaje importante, con calle propia, “Calle del general médico Santiago Coca Menchero”, en su pueblo, Bolaños de Calatrava, paralela a la “Calle de Rosendo Mercado”, el más grande rockero español, de Carabanchel, pero hijo de bolañegos.
TRAMITACIÓN OFICIAL
La denuncia la tramité desde mi ordenador en el hospital Gómez Ulla en el que estaba destinado, fue por tanto una denuncia como funcionario en activo, no fue una denuncia anónima, era la denuncia de un coronel en activo contra un general de división:
MOTIVO DE LA DENUNCIA
Saltándose la ley de incompatibilidades de los empleados públicos, Santiago Coca había creado dos empresas relacionadas con la misma actividad que prestaba en la administración: Histodiag s.l. NIF: 0B81037343 ; al 33 % con otros dos compañeros patólogos, y el Instituto de Estudios Citogenéticos s.l. NIF: B86363686; éste al 96 %, con su hijo Alejandro al 4 %, al que designó administrador único.
Acta notarial de constitución del Instituto: el padre con el 96 % de participaciones, y el hijo con el 4 % y administrador único.
EL INSTITUTO DE ESTUDIOS CITOGENÉTICOS
De las dos empresas, la segunda, el Instituto de Estudios Citogenéticos, es una empresa sospechosa que huele que tira para atrás; es una empresa sin trabajadores, ni uno; sin teléfono de contacto; con domicilio social en su domicilio privado, calle Teseo; dedicada según consta en el objeto social de la empresa a la compraventa de material sanitario; totalmente desconocida en el mundo sanitario a pesar de su nombre tan campanudo; que fue creada cuando le hicieron director del Gómez Ulla, y que ha tenido una facturación de más de cuatro millones seiscientos mil euros y unos beneficios líquidos declarados de más de un millón ciento ochenta y ocho mil.
La desfachatez no podía ser mayor: “contrato material sanitario por las mañanas para Sanidad Militar y vendo por las tardes material sanitario con mi Instituto”.
EL INSTITUTO ABSORBIDO
El Instituto no hacía reparto oficial de beneficios por lo que todo quedaba como “acumulado” en la empresa, que cumplía una función de hucha, y así, con vistas a Hacienda, Santiago Coca “no tenía ningún ingreso procedente del Instituto”, vivía exclusivamente de su sueldo como médico militar.
Cuando Santiago Coca se enteró de que yo conocía la existencia de esta empresa e iba a denunciarla, el Instituto fue absorbido en 2019 por un entramado de empresas con el que opacaron la retirada de capital.
“Universal Clínics, participada por Investindustrial, adquiere la clínica de reproducción asistida Ginefiv y el Instituto de Estudios Citogenéticos, propiedad hasta entonces de tres business angels (inversores privados) y una empresa cuya identidad no ha trascendido…”, todo eso y un repetido cambio de administradores generan la turbidez necesaria que suelen aprovechar los evasores para salir con el dinero por la puerta de atrás.
ENORMES BENEFICIOS
Sé que el Instituto no ha contratado con el hospital militar directamente, pero estoy convencido de que actuaba como un buzón de recogida de comisiones por la adjudicación de contratos de Sanidad Militar cuyas mesas de contratación estaban controladas por Santiago Coca, tanto en su etapa de director del hospital como de Inspector.
Cuando digo que esa empresa no vendía ni compraba nada quiero decir que como mínimo los más de cuatro millones doscientos setenta mil euros tras el pago a Hacienda (4.665.747 – 394.488 = 4.271.259 euros) fueron “pa´la saca” y que las facturaciones declaradas seguramente se presentaron como pagos por falsos informes, estilo a los informes de Urdangarín; pero claro, esas sospechas precisarían de una inspección fiscal por la Intervención de Defensa o de Hacienda.
He reunido y sumado los datos contables más interesantes declarados entre 2012 y 2021, aunque dispongo de los datos contables EXCEL año por año. ¿Qué facturaba el Instituto?, y sobre todo ¿de qué se aprovisionaba?
LA UNIDAD DE ALTO AISLAMIENTO DEL GÓMEZ ULLA
Santiago Coca fue el promotor de la Unidad de Alto Aislamiento en el hospital Gómez Ulla, conocida en su día como “planta antiébola”, construida a golpe de contratos de urgencia, negociados y a un solo licitador, “a dedo”, y cuyo millonario presupuesto se triplicó.
https://cadenaser.com/ser/2015/10/12/sociedad/1444652842_668470.html
Después, porque no se le daba utilidad al no ser unidad de aislamiento de referencia del SNS, porque absorbía una gran cantidad del presupuesto y de personal del hospital, y porque tenía un elevado gasto de mantenimiento, hubo que cerrarla, y abrirla de nuevo, y voverla a cerrar, y así anda…
A la creación de esa unidad siguieron otras muchas obras en el hospital, la mayoría no prioritarias, y actualmente Santiago Coca sigue vinculado con la Sanidad Militar desde la universidad de Alcalá de Henares a través del Centro Universitario de la Defensa, que merecería análisis aparte.
DENUNCIA ARCHIVADA
“¿Dónde vas?, manzanas traigo”. Yo denunciaba a Coca por contravenir la ley 53/1984 de Incompatibilidades del Personal al Servicio de la Administraciones Públicas y se me contesta, en julio de 2020, que “no procede la incoación de procedimiento sancionador por infracción de la ley 5/2006 de regulación de los conflictos de intereses de los miembros del Gobierno y de los altos cargos de la Administración General del Estado”.
Era como si la resolución a una infracción de tráfico fuera que no corresponde sanción por estar al corriente del pago de la hipoteca del piso.
INHABILITACIÓN A SU PREDECESOR
La participación de un funcionario en cualquiera de las dos empresas, Histodiag o Instituto de Estudios Citogenéticos, tiene cuando menos la consideración de falta administrativa muy grave, sancionable con cese en el cargo e inhabilitación de 5 a 10 años. En la misma irregularidad cayó su predecesor en la dirección del hospital y en la jefatura de la Sanidad militar, L. H. F., que fue sancionado por infracción muy grave y condenado a inhabilitación por siete años. ¿Motivo?, el doctor H. F. era médico anestesista y partícipe en una sociedad médica que se concertaba con clínicas privadas, y aunque no ejercía personalmente su profesión le afectaba la ley de incompatibilidades por haber recurrido a un sustituto, y por ser socio, en más del 10%, de una compañía cuyo «objeto social» estaba relacionado con su actividad en el ejército. La del doctor H.F. era una sociedad limitada comparable a Histodiag s.l. en la que participa Santiago Coca, y similar a la que hemos recurrido y siguen recurriendo todos los médicos militares y del SNS para ejercer nuestra especialidad en la calle.
Y va Doña Flor y se fija precisamente en el inofensivo doctor H. F., y se marca una de las poquísimas muescas en el revólver de la OCI.
Si en L.H .F. la OCI vio incumplimiento de la ley 5/2006 art. 17.1 a), infracción muy grave, y art. 17.2, infracción grave, en Santiago Coca no lo vio.
DENUNCIA EN LA SUBSECRETARÍA
Como la resolución de la OCI no me pareció suficientemente motivada, me puse en contacto por teléfono con Flor María López, quien me dijo que había transmitido mi denuncia a la Subsecretaría de Defensa, cosa que me negaron allí de manera extraoficial.
¿Me había mentido Doña Flor o en la Subsecretaría?; fue por eso que puse nueva denuncia contra Santiago Coca, esta vez en la propia Subsecretaría de Defensa y ésta fue su contestación:
Contestación de la Subsecretaría de Defensa a mi denuncia. “No tenían ya competencia sobre Santiago Coca”, por lo que ni se les ocurrió abrir una investigación, o al menos una revisión de los contratos de Sanidad Militar y del Gómez Ulla en los tiempos de Coca, o ponerlo en conocimiento de la Inspección de Hacienda o de la Fiscalía.
No me extrañó la contestación; Santiago Coca tenía, o al menos alardeaba de ello, amistades en la Subsecretaría: presumía de tener muy buen rollo con “la subse”, con “el jefe del gabinete”, el firmante de la nota, Antonino Cordero Aparicio, hace poco nombrado Director del Gabinete Técnico de la Ministra, y especialmente con “la digenper”, la eterna Directora General de Personal, hoy Subsecretaria de Defensa, Adoración Mateos.
No podía faltar Adoración Mateos en la planificación que para Defensa pergeñaba la ministra Margarita Robles, y no faltó: la amiga de Santiago Coca fue ascendida de “digenper” a “subse”.
Más chula que un ocho, Adoración Mateos, lo mismo se autoincluía en la lista de personas propuestas para la Gran Cruz al Mérito Militar, como ya hizo el ministro Bono en su día por la vergonzosa retirada de nuestras tropas en Irak, que se cargaba al jefe del Gabinete del JEMAD, el general Juan Fco. Díaz Rodríguez-Valdés, por decir en “petit comité” con un grupo de compañeros, lo que otros ya conocíamos y comentábamos por los pasillos del hospital, que esa señora “es un bicho”.
LA DOCUMENTACIÓN
Poco miedo a denuncias por calumnia o difamación, ¡Ojalá! Dispongo de las actas notariales de constitución de las dos empresas, Histodiag SL y el Instituto de Estudios Citogenéticos SL, de los archivos excell con los datos contables remitidos a Hacienda entre 2012 y 2021, y de la contestación de la OCI y de la Subsecretaría a mis denuncias.
NO TODO ESTÁ PRESCRITO
Posiblemente hayan prescrito buena parte de las actividades del general Coca con el Instituto, pero todavía cabe una inspección fiscal de la “fusión-absorción” de la empresa y de la recogida de los beneficios acumulados en el Instituto por sus dos únicos accionistas, Santiago Coca e hijo, todo eso fuera del periodo prescriptivo fiscal. Como nunca hubo un reparto de dividendos, la cosecha de beneficios se debió consumar tras la extinción de la empresa con la obligación de declararlos como ingreso en el IRPF, el padre al 96 % y el hijo al 4 %.
EN CUANTO A DOÑA FLOR
En cuanto a Doña Flor, qué menos que señalarla como prevaricadora; le aporté pruebas irrefutables de la incompatibilidad de un alto cargo en activo, por su actividad empresarial clandestina, y me contestó con el archivo de la denuncia. Esta señora en vez de perseguir las incompatibilidades, los cohechos, y las actividades empresariales irregulares de altos cargos y empleados de la Administración, se ha dedicado a ocultarlos para mantenerse en el cargo.
Tarde o temprano se le llamará a rendir cuentas, en las Cortes o en algún juzgado, por su gestión. Por mi parte ahí dejo el granito de arena.
Madrid, en el Cuarto día del periodo de reflexión de nuestro Presidente de Gobierno.
* Ley 53/1984 de 26 de diciembre, artículos 11.1 y 12.1.d
Ley 5/2006 de 10 de abril, arts. 17.1.a) y 17.2
Fusión absorción del Instituto de Estudios Citogenético (Sept. 2022)
