DENUNCIA Y RECURSO DEL COMANDANTE MOLINA
En mi última entrada hacía referencia a la denuncia y al recurso de apelación puestos por el comandante Juan Manuel Molina Valdés en el Juzgado Militar Central nº 1 y en el Tribunal Militar Central, ambos en relación con las ilegalidades e infracciones habidas en la repatriación de los cadáveres del accidente aéreo del Yak-42, en concreto por el mangoneo que se trajo la jurisdicción militar en una materia que no era de su competencia: los trámites de entrada de los cuerpos en España.
La denuncia en el Central n.º 1, fue contestada por el juez togado, coronel auditor Álvaro Lafita Togores, con un auto de archivo de las diligencias previas 1/10/22 que él mismo había abierto, y el argumento de que, “aún admitiendo que se diera un delito de deslealtad, el delito y las penas que hubieran recaído, habrían prescrito”. Nada que hacer; no se devanó los sesos este señor.
UN PUNTITO DE MALA HOSTIA
Tampoco se le debieron escaldar las neuronas al coronel auditor Gonzalo Melón Muñoz contestando al recurso de apelación presentado por el comandante Molina. Rechazó el recurso de apelación dándole la razón al Central n.º 1, con el mismo argumento, “si hubo delito, habría prescrito”, pero le mete un puntito de mala hostia al desviar el tiro hacia el denunciante, el comandante Molina: “escasez de información remitida, descripción genérica o inconcreta, falta de elementos de prueba…, que no permiten una verificación mínima de los hechos o un tratamiento de los mismos”; vamos, como si Molina fuera un loquillo querulante sin otro entretenimiento que ir por la vida poniendo denuncias a todo dios.
SÍ APORTABA PRUEBAS DEL CORTOCIRCUITO JURISDICCIONAL
Melón, relee el recurso y verás que sí que se aportaban pruebas de lo pergeñado por los generales Juliani y Bretón, del cortocircuito que montaron para enterrar o incinerar los cadáveres de las víctimas saltándose todos los puntos de control donde pudiera detectarse lo que ellos ya conocían, que los cuerpos no estaban identificados.
M0LINA APORTABA PRUEBAS
Se aportaban pruebas de que:
- El general Javier Juliani Hernán sabía que había víctimas sin identificar.
El general Juliani conocía por el comandante auditor Alberto Ruiz de los Paños que treinta de los cadáveres no habían sido identificados en Turquía, y para ocultarlo decidió hacerse con el control de la situación, esquivando las gestiones normales de entrada de los cadáveres.
- El juez civil de Torrejón hizo dejación de funciones tras hablar con el general Juliani.
En el acta de la reunión que tuvo lugar el 29 de junio de 2004 en el ministerio de Defensa para facilitarle información sobre el accidente aéreo del Yak-42 al nuevo ministro, el socialista José Bono, podemos leer los testimonios de dos jurídicos, el coronel auditor, Ricardo Fortún Esquifino (Fortún, sí hombre, el del “informe Fortún”), de la Asesoría Jurídica del Ministerio, dirigida por el general auditor Javier Juliani Hernán, y la capitán auditor, Almudena Martínez Conde, del Gabinete Técnico del Ministro, cuyo director, con Trillo, y después con Bono, fue Manuel R. Bretón Romero, el firmante del acta resumen de esta reunión.
Los dos jurídicos manifestaron en aquella reunión que “el general Juliani habló con el juez de guardia de Torrejón de Ardoz para que expidiese las órdenes de enterramiento, pero el juez se negó a intervenir y manifestó que tan solo tomaba nota de lo que se le decía, pero que se negaba a intervenir en este asunto”.
- Intervención del juez militar togado n.º 32, de Zaragoza
El general Juliani entonces se puso en contacto con el juez togado militar n.º 32, comandante auditor José Mª Llorente Sagaseta de Ilurdoz, para que se hiciera cargo de las licencias de inhumación de los cadáveres.
Lo contó José Bono, en su comparecencia ante la comisión de Defensa del Senado: «El juez de Torrejón se negó a dar las órdenes de inhumación y hubo que buscar a un juez togado para que pudiera dar la orden de enterramiento, en algunos casos con posterioridad al mismo».
Joder Melón, pero si lo conocíais todo el cuerpo jurídico militar, todo, y hasta lo publicó El País. Se nota un huevo que te haces el loco para no verte obligado a contestar el recurso en consecuencia.
EL CÓNSUL, RIEN DE RIEN
- Incumplimiento de sus funciones por el cónsul de España en Estambul, Raimundo Ezquerra.
Los jurídicos Fortún y Martínez en la reunión en el ministerio de Defensa: “… se limitan a decir que desde Turquía, días después del entierro, llegaron los certificados del Registro Civil Consular. Ignoran ambos quién firmó el salvoconducto sanitario”.
A ver, Turquía y España tienen firmado el acuerdo de Estrasburgo “de traslado internacional de cadáveres” según el cual, para facilitar los trámites del traslado, el único documento exigible entre dos países firmantes del acuerdo es el salvoconducto mortuorio, que lo expide la autoridad sanitaria del país de salida, Turquía, y es comprobado por la autoridad sanitaria del país de destino, en este caso la Sanidad Exterior de España. Pues bien, el cónsul no llevó a cabo los trámites para la obtención de los salvoconductos, no advirtió al Ministerio de Asuntos Exteriores, ni a la Comunidad Autónoma de Madrid, de la llegada de los cuerpos a España, y no apuntó los fallecimientos en el Registro Civil Consular, no hizo nada de nada, rien de rien.
Los certificados del R. C. Consular los emitió el cónsul pero con las víctimas ya enterradas, dos días después, a petición del firmante del acta de la reunión, el general Bretón; pero su asesora, la capitán Martínez, sin enterarse al parecer.
5. Los generales Juliani y Bretón se encargaron de obtener una documentación irregular para las víctimas.
Como no podían obtener del juez de Torrejón ni las licencias de enterramiento, ni los certificados de defunción del registro civil, imprescindibles para los enterramientos o incineraciones, decidieron generar otros “parecidos”. De las licencias de enterramiento se encargaría Juliani con el togado n.º 32, y de los certificados del registro civil, Bretón con el cónsul Ezquerra y el gerente de la EMSFSA. El resultado: chapucero.
Las licencias de enterramiento, para las que el teniente coronel médico Santiago Coca Menchero solicitó a los tres médicos militares (después condenados en la Audiencia Nacional) los certificados médicos de defunción e informes de necropsia, “para el juez militar, por si los necesita para algo”, no se utilizaron. Los furgones salieron de la base aérea de Torrejón, según relataron los trabajadores de las empresas funerarias, sin la documentación reglamentaria de los cadáveres, y fueron enterrados igual, sin documentación.
Los certificados de defunción del registro civil, que tendrían que haber sido emitidos por el juez de Torrejón, Bretón decidió sustituirlos por certificados de defunción del Registro Civil Consular que le solicitaría al cónsul Ezquerra; pero se entremetió el gerente de la EMSFMSA para el que con un listado de las víctimas bastaría:
Fax del gerente al cónsul: “Según conversación telefónica, solicito notificación vía fax de la inscripción en ese Registro Civil de la defunción de los militares españoles fallecidos en accidente aéreo el 26/5/03 en Trabzon (Turquía), para remitírselo a modo de licencia de enterramiento a los distintos Ayuntamientos donde se han realizado las inhumaciones. Sería suficiente la certificación en un mismo documento en el que se relacionen todos los nombres de los fallecidos españoles”.
Contestación al fax: “Don…, encargado de los asuntos administrativos del Consulado General de España en Estambul, CERTIFICA:Se ha procedido a la inscripción del fallecimiento en el Registro Civil de este Consulado General de las personas que a continuación se detallan; a continuación hace una relación de los 62 fallecidos”, y termina diciendo: “Y para que así conste, firma el presente en Estambul a veintinueve de mayo de dos mil tres”. Resultado, salieron de la base aérea el día veintiocho sin documentación.
6. Se dejó salir de Torrejón a las víctimas sin documentación y sin identificar.
En el acta de la reunión podemos leer: “Ni el coronel, ni la capitán dan noticia de quién autorizó el traslado de los cadáveres hasta los puntos de inhumación y tampoco sobre quién dio la orden de enterramiento”. ¿La orden de enterramiento?, ¿la orden de qué?; vamos a ver, general, coronel, capitán, que la cosa no va de órdenes, la ley dice que “no se puede enterrar un cadáver sin licencia y ésta no se puede obtener sin inscripción previa en el Registro Civil”, y las víctimas de este accidente, salieron de la base aérea y se enterraron sin una cosa ni la otra, sin inscripción en el Registro Civil, ni licencia de enterramiento.
¿Quién autorizó el traslado de los cadáveres? Todos los féretros estaban custodiados por varios soldados y un suboficial, todos en un hangar de la base aérea, y fueron llevados sin autorización de traslado a los cementerios de destino sin que, ni familiares, ni agentes funerarios, opusieran alguna objeción. Para mí que la orden de salida de los furgones la dieron, probablemente de palabra, el general Bretón y el gerente de la EMSFMSA, el uno con mando sobre los militares, y el otro con ascendencia sobre las operarios de las agencias funerarias.
7. Se enterraron o incineraron sin documentación, ni “la buena” ni “la parecida”
Al llegar a sus destinos, los administradores de los cementerios tampoco pusieron trabas ni dieron aviso al juez de instrucción correspondiente: “señoría, que me han traido un cadáver sin papeles”. Resultado, ¡62 cadáveres y ni una reclamación!
LOS QUE SABÍAN QUE HABÍA CADÁVERES SIN IDENTIFICAR
Corta y pega del listado expuesto en la entrada anterior. Conocedores de que había cadáveres sin identificar fueron:
- Los más de veinte firmantes de las actas firmadas en Trabzon, entre los que estaban los generales Beltrán y Navarro
- El cónsul de España en Estambul, Raimundo Ezquerra
- El jurídico militar desplazado a Trabzon, comandante auditor A. Ruiz de los Paños
- Los responsables de la Asesoría Jurídica de Defensa, coronel auditor Ignacio de las Rivas, y general auditor Javier Juliani Hernán, que fueron informados por el anterior.
- Juez togado militar n.º 32, José Mª Llorente Sagaseta de Ilurdoz.
- El teniente coronel médico Santiago Coca Menchero que solicitó los CMD y los informes de necropsia a los médicos militares condenados en la Audiencia Nacional.
- El director del Gabinete Técnico del ministro de Defensa, general M. R. Bretón Romero.
- El gerente de la EMSFMSA (Empresa Mixta de Servicios Funerarios de Madrid)
- ¿El ministro de Defensa Federico Trillo?…
Con la publicación en El Heraldo de Aragón y en El País, en plena campaña electoral, de la existencia de unas actas de entrega de las víctimas saltó el escándalo. El ministro Bono recabó toda la información que pudo, y después alumbró una satánica estrategia; promocionar a los que sabía culpables; en vez de denunciarles, y sentarles en el banquillo, premiarles, auparles:
• El teniente coronel médico Coca Menchero llegó a Inspector General de Sanidad Militar (INGESAN), máximo cargo en ese cuerpo.
• Al general Bretón Romero, Bono le ascendió a teniente general y después la Conferencia Episcopal le hizo presidente de Cáritas España.
• Al coronel auditor Ignacio de las Rivas , Trillo le hizo general auditor y después los socialistas le hicieron magistrado del T.S. de Castilla León como jurista de reconocido prestigio.
• Al general auditor Javier Juliani Hernán, Trillo le hizo general consejero togado, y después el ministro José Bono le presentó como favorito de la terna para una vacante de magistrado de la Sala de lo Militar del Tribunal Supremo, habiendo entonces un candidato con más méritos procesales militares y número uno de su promoción, al que se le dio con la puerta en las narices. ¿Te suena eso, Melón?; a tu hermano seguro que sí, porque la ministra Robles le jugó la misma mala pasada; protestó, pero aunque se le dio la razón y se repitió la selección, doña Margarita le dejó con un palmo de narices.
CAUGHT BY THE BALLS
¿Qué conseguía Bono con esta mefistofélica maniobra? Muy sencillo, estaba metiendo en el Supremo la manzana envenenada; así siempre les tendría “caught by the balls”. A Bono le interesaba morder al político, Trillo, Aznar…, incluso poner nervioso al mismo rey, pero no imputar a jueces militares, que no le daría más que quebraderos de cabeza.
Ahí estuvo Juliani oteando desde lo alto del Supremo, controlando la justicia militar. Tampoco le interesaría al juez de la Audiencia Nacional, Grande Marlaska, entrar contra un magistrado del Supremo, tutelado por Bono y por el fiscal general del Estado, Conde Pumpido, que tan “brillante” papel desarrolló en el caso Yak-42.
Melón, te olvidas de lo más importante: que por la dejación de funciones del juez de Torrejón y la entrada en escena de la jurisdicción militar en el asunto, se condenó en la Audiencia Nacional a tres médicos militares inocentes a penas de prisión y a indemnizaciones que superaron los 300.000 euros.
NI UNA SOLA PRUEBA
De todo lo hecho por estos personajes tienes pruebas sobradas, pero más importante aún, de lo que no tienes ni una sola prueba es de que alguno de ellos hubiera cumplido con su deber, de que las cosas las hubieran hecho bien.
A diferencia de esos tipos, los médicos militares condenados no hicieron otra cosa que cumplir con lo que les pedía para el juez militar su “amigo y vecino”, en el caso del general Navarro, y su jefe de servicio en el hospital militar Gómez Ulla, en el caso de los dos patólogos, el teniente coronel médico Santiago Coca Menchero.
¿Y qué es lo que les pidió Coca “para el juez militar, por si los necesita para algo”?; pues los certificados médicos de defunción a Navarro e informes de necropsia a los anatomopatólogos, todos en formato militar:
Ahí tienes un certificado médico firmado por Navarro, es un certificado médico de defunción de las FAs, con sello de la dirección del Gómez Ulla y la firma de Navarro como general de división médico. Esto, lo sabes bien, Melón, iba destinado a un juez militar, al togado 32, pero no tendría ningún valor enviado a un juez civil; si acaso para envolver bocadillos.
¡VETE A LA MIERDA!
Si la justicia militar no hubiera metido el hocico donde no tenía competencia, si no hubiera intentado apañar la documentación y dejado salir los cadáveres de la base aérea sin papeles, y si el juez de Torrejón hubiera cumplido con sus obligaciones y su forense hubiera realizado las identificaciones de las víctimas, l´affaire serait bien close.
En otras palabras, Melón, los médicos fueron condenados por los enredos de Juliani, Bretón, Coca, el 32, el cónsul Ezquerra, el gerente de la EMSFMSA… y ahora tú vas y resuelves que la justicia militar no tiene por qué investigar esos hechos, que aunque hubieran delinquido todo estaría prescrito, que pelillos a la mar…
Lo que has hecho, Melón, es cargar con el marrón del Togado Militar Central. Estás a un paso de pasar a la reserva si no te ascienden antes a general auditor, y mucho me extraña que no le hayas pasado la patata caliente al siguiente para quedar libre de esa carga; mucho me extraña.
Todo el descrédito que le correspondía al cuerpo jurídico militar lo ha tenido que soportar el cuerpo de sanidad militar. Melón, de compañero a compañero, ¡vete a la mierda!
¡CASO DESJUDICIALIZADO!
La ventaja de estos archivos es que ahora hay libertad para sacar a la luz el asunto Yakovlev sin que esté “judicializado”, y con un reconocimiento tácito de que hubo una intromisión indebida de la justicia militar; prescrita sí, pero que la hubo.
Ahora la gente podrá saber que en el caso Yak-42 se condenó a tres médicos inocentes por algo urdido por un general que fue ascendido por el ministro José Bono a magistrado del Supremo, y podrá saber que fue ayudado por Bretón, Coca, el togado n.º 32, el cónsul Ezquerra…, y conocerá la prevaricación de Grande Marlaska y Gómez Bermúdez en la instrucción y condena, y la complicidad de buena parte de los medios de comunicación, y el silencio cobarde de parte de los “compañeros” militares y familiares de las víctimas, y el comportamiento de fiscales y abogados de la acusación, y de los políticos que se aprovecharon para desprestigiar al adversario.
Joder, Melón, que aquí estuvo pringado todo dios, que pocos faltaron a poner su granito de mierda en el caso.
