LOS FORENSES TURCOS
Tras el accidente, la fiscalía de turca se hizo cargo de la investigación. El fiscal Burhan Cobanoglü ante la magnitud del accidente y el elevado número de víctimas, además de los forenses locales recabó la ayuda de expertos del Instituto Forense de Estambul, dirigidos por Bülent Sam, y a ellos se supeditaron los forenses de Trabzon.
El equipo de Estambul lo formaron dos médicos forenses, el ya mencionado Bülent Sam y Ömer Müslümanoglu; un dentista forense, Husseyin Afsin; y un biólogo, Fatih Alyuz, mientras que los forenses de Trabzon eran dos, Mustafa Günduz y Bülent Savran.
Antes de que llegaran los de Estambul, los forenses locales subieron al monte Pilav donde se produjo el accidente, se recogieron los cadáveres, se fotografiaron, se introdujo cada uno en una bolsa y se numeraron, supervisando la fiscalía del condado esas labores. Los cadáveres fueron transportados a una antigua factoría frigorífica, Fribalas, que sirvió de morgue. Se habían recogido 75 cadáveres “enteros” y nueve restos mayores que se introdujeron en una bolsa, la número 76.
75 bolsas, cada una con un cadáver y nueve restos independizados (A-1 a A-9) que se introdujeron en la bolsa n.º 76, “bolsa de restos”.
LES SOBRABA UN CADÁVER
En el accidente murieron 75 personas; 62 militares españoles, 12 tripulantes ucranianos que conformaban dos tripulaciones de seis personas cada una, y un inspector de vuelo, flight manager, de la compañía que era de origen bielorruso con quien no se contaba en un principio, pues se subió al avión en una de sus escalas, posiblemente Bishkek, y no constaba en el manifiesto de pasajeros. Los forenses de Estambul estaban en la idea de que “les sobraba un cadáver” y concluyeron que estaba repartido entre las bolsas n.º 37 y 42; por lo que las unieron en la 37 después de tomar muestras de ambas bolsas. Quedaban así, por un lado, 74 bolsas con cuerpos enteros, numeradas de la 1 a la 75 con falta de la 42, y la bolsa 76 con nueve restos, y por otro lado, 84 muestras clínicas para estudios analíticos (alcohol y drogas) y de ADN.
Aquí me refiero a un “décimo resto, A-10” que apareció en un rastreo de la zona del accidente en los días posteriores a la repatriación de las víctimas, del que se obtuvo la muestra n.º 85, y que lógicamente no consta en las actas de entrega, pero cuyo perfil genético se conoce porque fue estudiado junto con las otras 84 muestras al realizar los cotejos de ADN en Estambul.
Al firmar las actas se desconocía la presencia en el avión del inspector de vuelo, Dmitri Molochka, y por ello, los forenses turcos al “sobrarles” un cadáver concluyeron que un mismo cuerpo estaba repartido entre las bolsas 37 y 42, uniéndolas después de tomar muestras de ambas, en la 37; es decir, desapareció la bolsa 42, pero persistió la muestra 42. Al cadáver 36 no se le reconocía nacionalidad, pero después se supo que era el copiloto “con dos copas” que se había desplazado a la cabina de pasajeros a reclamar ayuda de la tripulación de reserva por entender que el piloto, cadáver 26, estaba todavía más ”perjudicado”
MÉTODOS SECUNDARIOS DE IDENTIFICACIÓN
La Interpol clasifica los métodos de identificación en primarios y secundarios:
Métodos de identificación primarios:
• Análisis de huellas dactilares
• Análisis odontológico forense
• Análisis de ADN
Métodos de identificación secundarios:
• Datos médicos, descripciones de personas
• Ropa, pistas
Los métodos secundarios sólo sirven para reforzar una identificación establecida por los métodos primarios, pues por sí solos no se consideran suficientemente válidos como para certificar una identificación. En el caso del Yak-42 fueron los métodos secundarios los únicos utilizados por los forenses turcos, que dieron la espalda a los métodos primarios, más científicos, como pueden ser, además del análisis de ADN, la lofoscopia, aunque la destrucción de los cuerpos posiblemente hubiera imposibilitado recurrir a la toma de huellas dactilares en la mayoría de las víctimas, y los registros dentales.
Ni la identificación por fotografías, ni la identificación visual a cargo de un testigo o familiar se consideran válidos por la policía, ya que la desfiguración por la propia muerte, la putrefacción, los traumatismos, las quemaduras…, hacen que la comparación sea casi imposible, y en el caso de los familiares hay que sumar la tensión que supone ver el cadáver del ser querido.
Tatuajes, prótesis, lesiones, lunares, manchas, se pueden incluir en el apartado de datos médicos. Ropas, objetos…, puede ser que no pertenezcan a la persona que los lleva encima porque las lleve prestadas, o porque se hayan introducido en una bolsa que no le corresponda… Los piercings, alianzas y joyas con inscripciones grabadas tienen cierto valor sólo si están unidas al cuerpo de la víctima. Quede claro que la identificación «de visu» sólo tiene un valor indiciario y, hoy por hoy, hay que confirmarla por los métodos primarios.
Por esos métodos secundarios los turcos “diferenciaron” los cuerpos españoles de los ucranianos.
EL FISCAL TURCO ENTREGA LOS CADÁVERES
El fiscal Cobanoglü hizo entrega de los 75 cuerpos, españoles y ucranianos, sin esperar a que se completara la identificación y sin acompañarlos de la autorización para apuntarles en el Registro Civil turco. La falta de esa autorización fue el primer eslabón de una larga cadena de irregularidades administrativas que desde Trabzon llegó hasta España, hasta los registros de los cementerios en los que fueron inhumadas las víctimas sin un solo documento.
ACUERDO A TRES BANDAS Y PACTO DE SILENCIO
El fiscal actuó así porque se lo ordenaron; fue conminado a ello desde su ministerio de Justicia. Se había acordado por representantes de los tres países, Ucrania, Turquía y España, facilitar la repatriación de los restos y el gobierno turco del recién llegado Erdogán estaba decidido a colaborar. La entrega de los cadáveres sin completar la identificación no se podría hacer por acuerdo entre dos, tenía que ser un acuerdo a tres bandas, implicarse los tres gobiernos para que aquello fuera viable.
Tras la firma de las actas de entrega de los cadáveres se estableció un pacto de silencio entre todos los presentes en la oficina de la morgue, españoles, ucranianos y turcos, y fue la propia fiscalía la que, para conseguir la salida de Turquía de los cuerpos de las víctimas, bloqueó todos los controles de salida, «abrió la puerta» para dar salida a los féretros. El fiscal Cobanoglü no se puso en contacto con la Justicia española, y el cónsul español tampoco se puso en contacto con el ministerio de Asuntos Exteriores español; así las cosas, en España no se enteraron oficialmente de la llegada de las víctimas; sólo en Defensa. Los generales tenían una misión encomendada y la cumplieron; traer los cadáveres a España a tiempo para los funerales. A partir de aquí, sería el juez español quien se hiciera cargo.
DOS ACTAS
Los españoles con los turcos firmaron tras la reunión en las oficinas de la morgue dos actas; la primera, a las 2.20 hora local, el «Protocolo de revisión de cadáver, autopsia e informe de diagnosis» conocido como «Acta de autopsias» firmada por fiscales, forenses, el traductor y los generales, Beltrán y Navarro. La segunda firmada, a las 2:30 hora local, fue el «Acta de entrega y recepción», que firmaron fiscales, traductor y generales, pero no los forenses.
El “acta de autopsias” constaba de 16 páginas y llevaba 23 firmas, ninguna de los patólogos españoles, que no estuvieron presentes en la reunión y estaban ignorantes de la firma de esas actas. Copias grabadas en el Instituto Forense de Estambul por La Cuatro y La Uno. No hay numeración de sumario turco.
“Acta de entrega y recepción” firmada por fiscales, los dos generales españoles y el traductor de la embajada española a las 02:30 hora local. El acta lleva numeración del sumario turco (nº 394).
ACTA UCRANIANA
Los cuerpos de las víctimas ucranianas salieron, también sin identificar, pocas horas después de las españolas.
Por los ucranianos una de las firmas corresponde a Oleksandr Orda, viceministro de Salud de Ucrania y la otra a Yurii Kordianyn, subdirector general del Departamento de Estado de Ucrania de Transporte Aéreo, y por los turcos al fiscal jefe Burhan Cobanoglu, a otros cuatro fiscales y a los cuatro forenses procedentes de Estambul (la del dentista Huseyin Afsin no se observa, bien por la mala calidad de la imagen o porque a pesar de tener espacio reservado, no firmó). No firman los forenses los forenses locales.
SIN DOCUMENTOS
Después de saltarse todos los controles en Turquía con la ayuda de la fiscalía llegaron a Torrejón de Ardoz los féretros sin ninguna documentación. En España, ya lo he comentado en otras entradas, se sucedieron, la dejación de funciones del juez civil de Torrejón, la injerencia de la justicia militar no competente, la elusión de un control forense obligatorio en territorio español, la irregular salida de los 62 furgones funerarios sin autorización hacia los cementerios, y los enterramientos e incineraciones ilegales de todas las víctimas.
CASI UN AÑO DESPUÉS
Casi un año después se publicó en El País la existencia de las actas firmadas en Turquía,
Llegaron a España 62 cadáveres con los números que se indican arriba. Se supo que las bolsas 42 y 37 se habían unificado en la 37, pero que juntas, o separadas posteriormente, no tuvieron como destino nuestro país, y que 30 de las víctimas españolas (en verde) no habían sido correctamente identificadas. No se indicaba en las actas dónde acabaron los nueve restos de la bolsa número 76.
Tras el reportaje publicado en El País se iniciaron, primeroen el Instituto Forense de Estambul, y después en el INTCF de Madrid, cotejos del ADN de los familiares con el ADN de las muestras tomadas a las víctimas en la morgue turca, conservadas en el instituto turco.
EXHUMACIÓN Y REASIGNACIÓN DE IDENTIDADES
Con los resultados de los estudios genéticos la juez Teresa Palacios, de la Audiencia Nacional, ordenó la exhumación de los cadáveres mal identificados que no hubieran sido incinerados y la posterior redistribución de los mismos para devolvérselos a sus verdaderos familiares. Cada víctima con su familia.
Redistribución de los cadáveres dados como mal identificados: el 1 por el 35, el 35 por el 3, el 3 por el 50, el 50 por el 53, el 53 por el 60… Los cadáveres contenidos en las bolsas 1, 7, 9, 17, 35, 41, 50, 62 y 71 habían sido incinerados y las familias que conservaban sus cenizas las entregaron a los parientes correspondientes. La bolsa n.º 5 contenía junto al cuerpo principal otras cuatro pequeñas bolsas, dos con restos de ese mismo cadáver, y las otras dos con restos de otros dos cadáveres. En uno de los féretros apareció un documento con escritura cirílica, posiblemente ucraniana. Uno de los cadáveres del ejército de Tierra fue confundido con una víctima del ejército del Aire.
MUCHOS PROCEDIMIENTOS
Se pusieron en marcha varios procedimientos en Turquía y España, la mayoría cerrados. El sumario por las “Identificaciones” acabó con la condena de los tres médicos militares. La vía civil concluyó con indemnizaciones a los familiares por parte del broker, la aerolína y aseguradoras.
LA BOLSA N.º 5 CON TRES PERFILES
En el juicio por falsedad en las identificaciones, la bolsa n.º 5 fue mencionada por el forense de la Audiencia Nacional, Juan Miguel Monge, como bolsa n.º 7 por aplicarle la numeración dada según el orden de llegada de los ataúdes al cementerio de la Almudena de Madrid (A.N.7), donde se llevó a cabo, uno, la identificación de los 21 cadáveres exhumados, basados en las comprobaciones genéticas del INTCF dirigidas por el biólogo Antonio Alonso, y dos, la redistribución posterior de los cadáveres a sus verdaderas familias.
El caso es que esa bolsa contenía a su vez otras cinco bolsas, una incluía el cuerpo principal, otras dos, restos de ese mismo cuerpo, y las dos últimas, restos de otros dos cuerpos, en total, tres perfiles genéticos distintos. Los restos extraños eran dos piernas que calzaban botas de números diferentes, el 43 y el 45, y una de ellas, al parecer, de raza negra.
Correspondían, la una, a un cuerpo dado como “correctamente identificado” por los turcos y por tanto no exhumado, ofreciéndole a la familia la posibilidad de “incinerarlo como resto biológico”, y la otra, a uno de los cadáveres exhumados que se recolocó en su féretro correspondiente.
Fue un escándalo nacional y el titular del día en los medios de comunicación. En todo momento los médicos militares fueron presentados como los únicos culpables de los errores en la identificación de los cuerpos. Antonio Alonso, hizo de portavoz de los peritos del INTCF; la intervención fue por videoconferencia.
Así quedó la cosa. Algunos fuimos alimentando dudas, pero la mayoría tragó con esa versión oficial que más tarde se fue apuntalando con la confirmación de la sentencia por el Tribunal Supremo, el informe del Consejo de Estado y el reconocimiento por la ministra Cospedal de la responsabilidad de la administración.
LEGADO DE BONO, A ESPAÑA Y A LA HISTORIA
Hace más de un año José Bono regaló a la Fundación Pablo Iglesias, a España, a la Historia y al Más allá, su legado digital, una colección hagiográfica de fotografías, entrevistas, noticias, reportajes e informes: “el gran archivo documental de su vida”.
Sorteando los autolaureles de Bono, si avanzamos por las carpetas del legado: ministro de Defensa, accidentes militares, accidente Yakovlev, llegamos al dossier identificación de cadáveres y allí nos encontramos con un oficio del INTCF a Defensa, fechado el 31 de agosto de 2004.
Resulta que habían tenido una reunión de trabajo el Director del Gabinete del ministro Bono, Roberto López, con la directora, la jefa del departamento de biología y el facultativo de ese departamento, Antonio Alonso, para informar al ministro sobre los resultados de los cotejos de ADN realizados en Estambul y en Madrid. Como Roberto no se enteraba les solicitó unas tablas con los resultados de ADN y de reasignación de los cuerpos.
Era el INTCF “informando a José Bono” de los resultados de los cotejos de ADN, cuando hacía mes y medio que se había declarado competente para llevar aquella investigación la juez Teresa Palacios de la Audiencia Nacional. El INTCF, organismo oficial dependiente del ministerio de Justicia, le pasaba la información al ministro de Defensa de algo que sólo debería tener como destinataria la instructora del procedimiento; ¿qué pasaba?, ¿que la juez no se enteró?, o ¿hizo la vista gorda?
No se hicieron públicos los perfiles genéticos de las 84 muestras reflejadas en las actas, pero por las tablas de reasignación se puede conocer algo inquietante y que fue ocultado por el ministro José Bono, el mismo que humilló y escarneció a los médicos militares condenados: que los forenses turcos repartieron los nueve restos de la bolsa nº 76 por el resto de las bolsas, de manera aleatoria o proporcional, correspondiéndole a España seis, que metieron en las bolsas 23, 39, 43, 72 y 75.
FUERON LOS TURCOS
De que fueron los turcos no puede haber duda; fueron ellos y lo hicieron después de firmar la actas de entrega de las víctimas con los generales españoles, y antes de que se procediera al enferetrado; además anotaron en qué bolsa introducían cada uno de esos anejos de los que ya se habían tomado muestras para estudios genéticos.
Si el oficio del INTCF tiene fecha tiene fecha del último día de agosto y las exhumaciones se harían en noviembre, ¿cómo sabían los turcos que esos anejos se encontraban en esas bolsas si no había constancia de ello, ni en las actas, ni en los informes de necropsia de los patólogos?, ¿eh?, ¿cómo lo sabían?; muy sencillo, pues porque los habían metido ellos.
EL INTCF INFORMANDO A BONO
¿Por qué no informó el ministro Bono a los médicos imputados de algo que demostraba su total desvinculación de los errores en la identificación de los cadáveres, que demostraba su inocencia?; muy sencillo, pues porque se trata de un personaje despreciable que antepuso los intereses de partido a la defensa de sus funcionarios, porque lo que le importaba era cargar las culpas sobre el anterior ministro, Federico Trillo, de manera que si las escaramuzas se llevaban por delante a los médicos militares, oiga usted, “efectos colaterales”.
DE LOS RESTOS A-8 Y A-2
Las bolsas 43 y 75 correspondían a cadáveres “mal identificados”, que fueron exhumados, que se sabía que contenían los anejos A-8 y A-2 y que por el estudio de los perfiles se sabía a qué víctima correspondían. La juez Teresa Palacios no tendría más que cogerlos y reunirlos con sus correspondientes cadáveres, pero no lo hizo, y eso es algo mosqueante sabiendo que se habían reasignado los dos restos añadididos a la bolsa n.º 5 que, lo recuerdo, concordaban con dos cadáveres españoles, uno exhumado y el otro no exhumado. ¿A quién correspondían entonces esos dos restos?, ¿al cuerpo de la bolsa n.º 5?, eso no es creible, se hubieran cambiado a esa bolsa en la misma operación; ¿a víctimas españolas no exhumadas?, puede ser, pero también podría tratarse de restos de tripulantes ucranianos.
Tenían los cadáveres exhumados en el cementerio de la Almudena pero no juntaron los restos A-8 y A-2 con sus cuerpos, o porque correspondieran a cadáveres “bien identificados por los turcos” o porque correspondieran a tripulantes ucranianos.
Las bolsas fueron movidas en función de la identidad del cuerpo principal introducido en las bolsas, yendo la 43, junto con el anejo A-8, a inhumarse en el lugar de la 71 que había sido incinerada, y la 75, con el anejo A-2 a inhumarse en el lugar de la 13.
DE LOS RESTOS A-3, A-4, A-5 Y A-7
En la bolsa 25 los turcos habían metido el resto A-3, en la 39 el A-4 y en la 72 introdujeron dos restos, el A-5 y el A-7; y ahí siguen, porque como los cadáveres se dieron por “bien identificados”, no fueron exhumados y la juez Palacios, a sabiendas de que tenían esos “restos añadidos”, no los movió.
No fueron exhumados los restos añadidos a las bolsas 25, 39 y 72, a sabiendas por la juez, de que ahí estaban.
Sólo se movieron, para redistribuir el cuerpo principal, las bolsas 75 a la 13 y 43 a la 71.
ARCHIVAR EL CASO Y PONER FIN AL ESCÁNDALO
Por lo que fuera la juez Palacios no tuvo interés en destapar la tremenda chapuza pericial y legal de los forenses y fiscales turcos, seguramente porque pensara archivar el caso y poner fin al escándalo creado por un accidente aéreo que pudiera generar desavenencias con el gobierno turco; pero esta juez, al poco, fue sustituida por un “novato” en la Audiencia Nacional, Fernando Grande Marlaska, quien, sin realizar ni una sola diligencia de prueba, archivó el caso por entender que los hechos “no tenían relevancia penal”.
Al poco, nuevas elecciones y repite Zapatero; el fiscal general Cándido Conde Pumpido ordena al fiscal de la A.N. Javier Zaragoza que reabra el caso y como dijo Federico Trillo “ya se sabe como funciona eso”. Grande Marlaska, obediente, lo reabrió y “ya se sabe como siguió la cosa”.
