LOS MÉDICOS MILITARES
Entrando en el tema de los médicos militares desplazados a Turquía, me dice usted que viajaron sólo con “un bote de formol y unos guantes”, pues bien, con eso ya iban “sobrados de equipaje” porque nunca fue trabajo de ellos la identificación de las víctimas; ese trabajo correspondió en Turquía siempre a los forenses locales de Trabzon y a los del Instituto Anatómico Forense de Estambul reclamados por el fiscal Cobanoglü.
Los patólogos españoles se limitaron a tomar notas de las lesiones encontradas en los restos de las víctimas y trabajaron en paralelo con los forenses turcos; por un lado de la mesa iba un forense turco tomando las muestras y dictando las lesiones al biólogo que iba anotándolas, y por otro lado iba un patólogo español dictándolas en este caso al enfermero militar, pero los españoles siempre sin tocar ni un solo cuerpo por prohibición expresa de Cobanoglü.
Ni patólogos, ni enfermeros militares entraron en la oficina de la morgue donde se llevó a cabo la adjudicación de los cuerpos y la firma de las actas de entrega de los cadáveres. A la salida de la reunión, Navarro les comunicó que los forenses turcos habían dado por identificadas las víctimas y les pasó un listado con los nombres y números de bolsas correspondientes a los cuerpos españoles. A continuación procedieron a dirigir el enferetrado de esas bolsas y su traslado al aeropuerto desde donde salieron en tres Hércules del Ejército del Aire hacia España.
NO ERAN “MÉDICOS FORENSES”
No entiendo Rosario lo de “los dos anatomopatólogos que hicieron un curso forense después del accidente”.
Vamos a ver, el ejército no dispone de médicos forenses, ni tiene reconocida la Medicina Legal como especialidad médica, y si la justicia militar precisa de ellos los solicita a la justicia civil por exhorto.
El médico forense es un funcionario de la Administración de Justicia, aquí y en Turquía, y accede a esa condición por oposición. El perito forense es otra cosa, es una persona que en base a sus conocimientos elabora informes en un procedimiento judicial, a petición del juez, del fiscal o de alguna de las partes. Cualquier profesional puede ser designado perito forense, y cualquier disciplina puede ser una ciencia forense en alguna ocasión (antropología física, “los CSI”, informática, veterinaria, fotografía…).
Los patólogos no fueron a Turquía ni como médicos forenses, ni como peritos forenses, fueron como acompañantes de los generales encargados de la repatriación de las víctimas. El fiscal turco no les asignó ninguna función, al contrario, les prohibió tocar los cuerpos de las víctimas o sus enseres.
EN ESPAÑA COMO PERITOS
En España les solicitaron que elaboraran unos informes de necropsia para el juez militar.
El presidente de la ANMF, cuando los errores en la identificación de unos dientes en el “caso Bretón” nos dijo: “un informe médico-forense es una cosa y los informes forenses son otra”; con ello nos recordaba que los primeros están hechos por un médico forense y los segundos por un perito, sea médico o no (por ejemplo un antropólogo, un dentista, un biólogo, un químico…).
Los informes de necropsia fueron hechos por lo tanto en calidad de peritos y por petición del juez.
EL “CURSO FORENSE”
En el ejército se realizan muchos cursos de especialización, algunos de ellos por convenio con universidades. Imagino que el curso al que se refiere fuese como el que me otorgaron a mí y que muestro en la fotografía. Ese curso no me confiere categoría de perito judicial, pero el carecer de él tampoco me impide actuar como perito si soy designado por un juez o fiscal.
LA GESTIÓN DEL ACCIDENTE EN TURQUÍA
El fiscal en Turquía es el gestor del accidente, el que instruye el caso, y por lo tanto, el responsable de averiguar quiénes han sido las víctimas, conseguir su identidad y después entregar los cuerpos a sus familiares o representantes.
El fiscal en el caso Yakovlev, Burhan Cobanoglü, no cumplió con su obligación, hizo entrega de los cuerpos sin esperar a que se completara la identificación. Cobanoglü actuó así porque se lo ordenaron; fue conminado a ello desde su ministerio de Justicia según le confesaron los propios miembros de la fiscalía a la abogada Belkis Baysal.
ACUERDO A TRES BANDAS
Se había acordado por representantes de los tres países, Ucrania, Turquía y España, facilitar la repatriación de los restos, y el gobierno turco del recién llegado Erdogán se prestó a ello.
Los representantes gubernamentales de España y Ucrania con los que se acordó la rápida entrega de los cuerpos tuvieron que ser de alto nivel, ¿embajador?, ¿ministro? No tenían capacidad para tomar esas decisiones ni los generales españoles, ni los forenses ucranianos o turcos; tampoco se podía hacer de manera unilateral o por acuerdo entre dos, tuvo que ser un acuerdo a tres bandas, implicarse los tres gobiernos para que aquello fuera viable. Así se hizo.
ENTREGA DE 75 CUERPOS Y 9 RESTOS
Cobanoglü entregó, a sabiendas de que no se había completado la identificación, los 75 cuerpos, Si, Rosario, he dicho bien, y usted lo sabe, los 75 cuerpos, porque detrás de las víctimas españolas se entregaron los cuerpos ucranianos que salieron sin identificar horas después. Salieron sin identificar y, ¡ojo!, siguen sin identificar.
Cobanoglü entregó así las 62 víctimas españolas y 13 cadáveres más, correspondientes a los 12 tripulantes ucranianos y al inspector de vuelo bielorruso Dmitri Molochka, y una bolsa con 9 restos desparejados. Si las suma usted obtendrá 75 bolsas con cuerpos “enteros”, y una bolsa más, la n.º 76, con 9 restos “de suficiente entidad”.
LA BOLSA CON “TRES PIES”
En la bolsa n.º 7 aparecieron restos de tres cadáveres diferentes y fuea los forenses turcos a los que se debieron haber pedido explicaciones, en concreto a su principal responsable, Bülent Sam, ¿le recuerda Rosario?, el que vino de testigo “estrella” al juicio…
¿Cómo se podría comprobar si habían hecho los forenses un “reparto proporcional” de los restos?
Uno, revisando los perfiles genéticos de los restos encontrados; en el caso de la bolsa n.º 7 dos pies no relacionados con resto principal, para ver si se corresponden con perfiles de las muestras 76 a 84
Dos, revisando el informe de necropsia correspondiente a la bolsa n.º 7 para constatar si en él se hacía referencia a la presencia de esos dos restos cuando los patólogos españoles tomaron los apuntes.
Si se cumpliera el primer requisito se tendría la prueba de que los dos restos procedían de la bolsa n.º 76, y si no se hace referencia a los dos pies en el informe, la prueba de que fueron colocados allí por los forenses turcos. Por cierto, Rosario, ¿qué fue de esos restos sobrantes?, ¿se entregaron a sus familias o se dejaron en la bolsa n.º 7?
EL ACUERDO DE ESTRASBURGO
Cobanoglü entregó los cuerpos sin acompañarlos de la indispensable carta-autorización para apuntarles en el Registro Civil turco, de manera que la no entrega por el fiscal de esas autorizaciones para el registro fue el primer eslabón de una larga cadena de irregularidades administrativas que desde Trabzon llegó hasta España: funcionarios turcos de la fiscalía, de la aduana y de la sanidad exterior turcas, nuestro cónsul, Raimundo Ezquerra, y hasta los mismos pilotos de los aviones españoles que transportaron los féretros, con el incumplimiento de sus funciones fueron los siguientes eslabones de esa cadena.
Las víctimas salieron de Turquía sin los obligados salvoconductos mortuorios, saltándose así el Acuerdo sobre traslado internacional de cadáveres, el Acuerdo de Estrasburgo, que obligaba tanto a España como a Turquía, y llegaron a Torrejón de Ardoz sin un sólo documento.
ANTECEDENTES EN DIYARBAKIR
Los fiscales turcos ya tenían antecedentes de entregar a las víctimas sin identificación fiable, se vio en el accidente aéreo de Diyarbakir, vuelo TK 634, unos meses antes (más completo en mi entrada, Yak-42: Antes en Diyarbakir), y es de sospechar que los ucranianos repatriaran víctimas sin identificar tras el accidente aéreo del lago Constanza un año antes.
Tras el pacto de silencio de todos los presentes en las oficinas de la morgue donde se firmaron las actas de entrega fue la propia fiscalía turca la que, para conseguir la salida de Turquía de los cuerpos de las víctimas bloqueó todos los controles, «abrió la puerta», para dar salida a los féretros, pero ni la fiscalía se puso en contacto con la Justicia española para crear una cadena de custodia, ni el cónsul español no se puso en contacto con el ministerio de Asuntos Exteriores español.
Así las cosas, en España no se enteraron oficialmente de la llegada de las víctimas; sólo en Defensa.
MISIÓN CUMPLIDA
Los generales, Beltrán y Navarro, tenían una misión encomendada y la cumplieron: traer los cadáveres a España a tiempo para los funerales. A partir de aquí, ya sería competencia del juez español.
LA ENTRADA EN ESPAÑA. TRÁMITES
¿Cuáles eran los trámites a seguir al llegar los cadáveres a España?
Una vez los cadáveres llegan a España Sanidad Exterior despacha su entrada siempre que su documentación esté en regla; si no lo está se pone en conocimiento del juez encargado del Registro Civil del punto de entrada, en este caso Torrejón de Ardoz, para que la complete, la rectifique o la rehaga y si ello no es posible se trasladan los restos a la morgue más cercana hasta conseguir la normalización de los papeles.
Si el problema es de identificación, el forense adscrito a ese juzgado será el encargado de encontrar la identidad de las víctimas. Al final, con todos papeles arreglados el juez elabora las licencias de inhumación o incineración.
¿Qué falló?
Sanidad Exterior no se enteró de la llegada de los cuerpos, el juez civil se desentendió, y lo peor, tras los funerales “alguien” permitió la salida de los furgones, sin documento alguno: sin licencias de enterramiento o incineración, sin certificados de defunción del Registro Civil, sin autorizaciones de traslado por la Consejeria de Salud de la Comunidad… Los cuerpos se llevaron a los cementerios y fueron enterrados o incinerados sin un sólo documento.
NO HUBO JUEZ INSTRUCTOR EN TORREJÓN
A pesar de que fue solicitada por el general Beltrán a Defensa la presencia de un juez en la base militar, en España no hubo autoridad judicial que recibiera los cuerpos.
En Torrejón, el juez de Instrucción que llevaba el Registro Civil, ante la solicitud de la Asesoría jurídica de Defensa dirigida por el general auditor Javier Juliani Hernán, respondió con una dejación de funciones, no quiso hacerse cargo de los trámites de entrada de las víctimas a los que estaba obligado. Tras la “espantada” de ese juez, la Asesoría jurídica le pidió al juez militar togado n.º 32 de Zaragoza que despachara la entrada de los cuerpos a España, a sabiendas de que la justicia militar no tenía competencia.
Se le pidió al general médico Navarro que cumplimentara unos certificados médicos de defunción, y a los patólogos unos informes de necropsia: «para el juez militar, por si los necesita para algo«. Eran para un juez y no podían negarse, ni siquiera cuestionar la petición, ni Navarro, ni los patólogos.
NO ERAN “CORTA Y PEGA”
Miente usted Rosario cuando dice que la redacción de las lesiones en los informes de necropsia eran un “corta y pega” cambiando el orden de alguna lesión; miente como mintió Francisco Cardona en el programa “La Sexta Noche”, “dejando mudos a todos con su testimonio”.
Los certificados médicos de defunción de Navarro y los informes de necropsia de los patólogos tenían como destinatario a un juez militar, no a un juez civil ni a los familiares, por eso los firmaron como oficiales médicos, no como licenciados en medicina con su n.º de colegiado, cosa que hubieran hecho en el caso de tratarse de un juez civil.
En cualquier caso, fuera el juez militar o civil, los documentos para él redactados por cualquier médico siempre son meticulosos, ¡no se le despacha a un juez con un “corta y pega”!
CERTIFICADOS MÉDICOS DE DEFUNCIÓN E INFORMES DE NECROPSIA
Como se trataba de cadáveres judiciales, cadáveres por muerte violenta, se tuvo la ocurrencia de reclamar a Navarro los certificados médicos de defunción (CMD) y a los patólogos los informes de necropsia de las 62 víctimas, para que el juez militar pudiera elaborar las licencias de enterramiento.
El encargado de solicitar a los patólogos los informes y a Navarro los CMD fue el teniente coronel médico Santiago Coca Menchero, jefe directo de los patólogos en el servicio de Anatomía Patológica del Hospital Militar Gómez Ulla donde estaban destinados, y “amigo” y vecino de Vicente Navarro.
Cuando los patólogos llegaron a las oficinas de la base, vieron que Navarro estaba rellenando los CMD en otra dependencia cercana, y fue su jefe clínico, Santiago Coca, quien les recomendó encabezar los informes con la inscripción: “Se realiza necropsia de cadáver de varón, que se nos presenta identificado con el número (X) y como (nombre y apellidos)”.
EL JUEZ MILITAR CONOCÍA LOS PROBLEMAS DE IDENTIFICACIÓN
Navarro al juez militar togado le sabía informado de todo lo referente a la identificación de las víctimas pues la petición de los certificados médicos para ese juez procedía de las mismas personas que habían tenido él y Beltrán como interlocutoras de Defensa durante su estancia en Turquía.
Si el juez hubiera decidido, basándose en los CMD de Navarro, dar a las víctimas como identificadas, era cosa suya; si ese juez tuviera previsto reunir los cadáveres tras los funerales en una morgue hasta la normalización de la documentación, era cosa suya; si ese juez tuvo conocimiento o no de la existencia de las actas firmadas con fiscales y forenses turcos, dependía de lo que le hubieran comunicado el responsable de la repatriación, el general Beltrán, o el receptor en Defensa de las novedades de fin de misión de este último.
LOS QUE LO SABÍAN
Rosario tome nota, conocedores de que había cadáveres sin identificar , y seguramente alguno le sonará, fueron:
- Los más de veinte firmantes de las actas, entre los que estaban los dos generales españoles, generales Beltrán y Navarro
- El cónsul de España en Estambul, Raimundo Ezquerra
- El jurídico militar desplazado a Trabzon, comandante auditor A. Ruiz de los Paños
- Los responsables de la Asesoría Jurídica de Defensa, coronel auditor Ignacio de las Rivas, y general auditor Javier Juliani Hernán
- El ministro de Defensa Federico Trillo-Figueroa
- El teniente coronel médico que solicitó los CMD y los informes de necropsia, Santiago Coca Menchero
- El director del Gabinete Técnico del ministro de Defensa, general M. R. Bretón Romero
- El gerente de la EMSFMSA (Empresa Mixta de Servicios Funerarios de Madrid)
- y…
LOS QUE LO DESCONOCÍAN
Pues sí Rosario, resulta que todas esas personas y alguna más sabían que había habido irregularidades en la identificación de las víctimas en Turquía, y sin embargo los dos patólogos condenados, que habían estado en la morgue turca entre los cadáveres, ¡lo desconocían!
A ninguna de las personas sabedoras de lo que sucedía se les preguntó durante la larguísima instrucción judicial, ni tampoco en el juicio, si habían comentado o informado a los patólogos sobre la existencia de irregularidades o, siquiera, sobre la existencia de las actas. Si se les hubiera preguntado se habría evidenciado el desconocimiento de las anomalías por parte de los médicos; pero no se hizo.
El instructor primero, y el Tribunal después, prefirieron prescindir de esos testimonios y considerar probado ese conocimiento por la vía del razonamiento y de la lógica. Se despreció lo que pudiera haberse considerado prueba directa (confesiones o testimonios), para anteponer su «olfato» y capacidad de análisis (prueba indirecta).
EL QUE DEJÓ SALIR LOS FURGONES
¿Que quién fue aquel “alguien” que promovió la salida de Torrejón de los coches funerarios y su enterramiento irregular? Uno, con toda seguridadiba uniformado; dos, fue el mismo que supervisó desde Madrid los acuerdos llevados a cabo para la entrega en Turquía de los cadáveres a los generales españoles; y tres, conocía la existencia de identidades falseadas de las víctimas.
Rosario, con esas pistas póngale usted nombre a ese “alguien” y tendrá al responsable último de que se entregaran cadáveres mal identificados, porque de no haberse dado su intromisión se hubiera cumplido con lo reglamentado, es decir, que el juez habría ordenado la identificación antes de su salida.
LLEGARON LOS SOCIALISTAS
Con la llegada de los socialistas al gobierno, el nuevo ministro, José Bono, con la colaboración de familiares de las víctimas y medios de comunicación (El País, SER, CUATRO, Heraldo…) inició una implacable cacería política contra su predecesor en el cargo, Federico Trillo.
Si se denunciara la implicación de jueces (dejación de funciones del juez civil e intromisión del juez militar) todo quedaría abortado antes de empezar, por el corporativismo judicial, «perro, no come carne de perro», ¿qué juez sería capaz siquiera de llamar a declarar a esos jueces?. Por todo ello, la táctica a seguir debería ser buscar otros culpables.
Se dirigieron las actuaciones contra los generales Beltrán y Navarro, pero el primero dejó claro que no asumiría ninguna responsabilidad ajena, y hubo que corregir el tiro: se desimputó a Beltrán pero se mantuvo la imputación a Navarro y a los dos patólogos por “falsedad en documento oficial”.
La nueva acusación, con tres médicos imputados «por mala praxis», era una incriminación muy flácida en lo político, no «enganchaba» al ministro anterior, y además, Navarro se podría revolver como hizo Beltrán, lo que obligaría a archivar de urgencia y de manera definitiva el caso Yak-42, y además los socialistas, en ese caso, tendrían que pedir perdón al diputado Trillo por la reprobación política a la que le sometieron en el Parlamento por su mala gestión del accidente, como ya se llegó a solicitar por algún político popular tras un anterior cierre de los sumarios.
NO ERA SUFICIENTE
Se necesitaba algo más que esos tres médicos «negligentes», y así, al comenzar la segunda legislatura de Zapatero se reactivó también el segundo sumario, el referido a las contrataciones, imputando a altos mandos militares de la época de Trillo, incluido el anterior JEMAD, acusándoles de 62 homicidios por imprudencia grave en la contratación de los vuelos. Esto ya era otra cosa.
Navarro no se revolvió como había hecho Beltrán; asumió la responsabilidad plena en relación a la identificación de las víctimas y nadie sabe porqué lo hizo; ¿promesa de puertas giratorias tras una segura absolución?; ¿se comió el marrón por una lealtad mal entendida?, conociéndole, esto último parece lo más probable; pero lealtad ¿hacia quién?; nunca se sabrá.
LAS CONDENAS
Los médicos fueron condenados, a tres años de prisión el general médico, a dieciocho meses los dos patólogos, y todos a una pena de inhabilitación que para los oficiales suponía la pérdida de su carrera militar. Navarro falleció antes de cumplir condena, y los otros dos médicos fueron indultados por el gobierno del partido popular en 2012.
La condena llevaba aparejada la indemnización a las familias de las 30 víctimas mal identificadas con una cantidad de 10.000 euros a cada una de ellas. ¿De dónde salieron realmente los 300.000 euros abonados por el general Navarro?, ¿quién se puede creer que ese dinero salió en su totalidad de la Hermandad de Veteranos de las Fuerzas Armadas y de la Guardia Civil?
La causa en la que se investigaban las supuestas irregularidades en la contratación del vuelo fue archivada por el juez Grande-Marlaska en febrero de 2012, al no encontrar en los imputados por 62 homicidios imprudentes «reponsabilidad penalmente relevante».
FAMILIARES POLITIZADOS
El archivo de una de las causas, y los indultos en la otra, se produjeron contra la opinión de la asociación de familiares de las víctimas, cuyo presidente manifestó su «furia» por lo que consideró una «burla», «una deshonra a la memoria de los 62 fallecidos» y «un golpe al Estado de derecho».
Cuál era la pieza a cazar se puede adivinar: «iríamos al infierno para buscar justicia; no hemos acabado y se lo queremos dejar bien claro a Trillo».
HUBO MÁS VÍCTIMAS
Rosario, dice usted que lastimo a los familiares al entrar en bolsas y números, y que estoy hurgando en su herida; creo que busca con ello que dé por zanjado el tema, que no lo vuelva a tocar porque les resulta doloroso. Pues no, señora, sepa que además de los 62 militares fallecidos hubo más víctimas: las otras 13 personas que viajaban en el avión, los médicos militares injustamente condenados, los seis altos mandos imputados en el sumario por la contratación del vuelo, una Sanidad Militar inmerecidamente desacreditada y los familiares de todos ellos, y todos, todos, con derecho a conocer la verdad y a los responsablesde la contratación del vuelo, del accidente, de la salida irregular de las víctimas de Turquía, de su entrada irregular en España y de sus inhumaciones también irregulares.
LA RESPONSABILIDAD DEL JUEZ INSTRUCTOR Y DE LOS PERITOS
Con una incompleta identificación de las víctimas en Turquía, achacable en exclusiva a los forenses turcos, el fiscal Cobanoglü hizo entrega de los cuerpos.
Después de los cotejos de ADN de muestras de familiares de las víctimas con las muestras de las víctimas conservadas en el Instituto Anatómico Forense de Estambul, de la ratificación de esos resultados genéticos en España, de las exhumaciones y de la entrega de los restos a sus verdaderas familias, la responsabilidad pasó a ser del juez instructor y de los peritos forenses españoles, ya no cabía culpar a terceros.
LAS ACTAS
Rosario, a ver si me explico bien ahora. Por las actas firmadas en Trabzon tenemos constancia de:
Uno. La existencia de 76 bolsas, 75 con cuerpos, y la bolsa n.º 76 con 9 restos de entidad suficiente, desparejados
Dos. Que se tomaron 84 muestras, de los 75 cuerpos y de los 9 restos (75 + 9 = 84 )
Tres. La entrega de 62 bolsas con otros tantos cuerpos a los generales españoles
COTEJOS, RATIFICACIONES Y EXHUMACIONES
Se desconoce el destino de la bolsa n.º 76, pero se puede sospechar que sus 9 restos fueron distribuidos por los forenses turcos entre las otras 75 bolsas, al azar o por reparto proporcional, es decir, si en sus apuntes constaba la avulsión de un miembro superior en una de aquellas bolsas y había uno entre los 9 restos de la n.º 76, se introducía en la bolsa para completar cuerpo.
Dos semanas después de la salida de todas las víctimas de Turquía se recibiría en el Instituto Forense de Estambul la muestra de una pierna encontrada en Trabzon y la juntaron con las otras 84, adjudicándole el nº 85.
85 MUESTRAS , 74 PERFILES
Las 85 muestras permanecieron custodiadas en el Instituto turco hasta que el periódico El País sacó a la luz la existencia de unas Actas de entrega firmadas dos días después del accidente (entonces sólo constaban 84 muestras).
Tras los cotejos de ADN (ya con las 85 muestras), éstos fueron ratificados en España, en el INTCF, siendo el biólogo Antonio Alonso, entonces principal responsable del Servicio de Biología del Instituto español, quien dirigió las tareas de confirmación de los resultados de los cotejos llevados a cabo en Estambul por la bióloga Fatima Mukkades.
Alonso escribió sendos artículos en las revistas Croatian Medical Journal (2005) y Revista Española de Medicina Legal (2009) y en ambos hace referencia a las 85 muestras y ¡74 perfiles genéticos!
En los dos artículos constan 85 muestras y 74 víctimas, es decir sólo se encontraron 74 perfiles genéticos, cuando el nº de víctimas había sido de ¡75!
Detrás de los cotejos y su ratificación vinieron la exhumaciones ordenadas por la primera instructora del caso, Teresa Palacios, y la redistribución de las bolsas entre las familias de acuerdo con los resultados de los estudios.
SE MANTUVO EN SECRETO
Es de imaginar que no se comunicó al fiscal, ni a las familias o a sus abogados, la “desaparición” de una de las víctimas, ni se redistribuyeron los restos con distinto perfil encontrados de más en alguna bolsa.
¿A quién culpar de esto, Rosario? Exacto, a la entonces juez instructora del caso y a sus peritos forenses, ya fuera Antonio Alonso si informó directamente a la instructora, o el forense de la Audiencia Nacional si fue el que medió entre ambos.
DERECHO A SABER
Rosario, los familiares de las 75 víctimas mortales tienen derecho a conocer dónde están los restos de su allegado, a su exhumación y a su recuperación. ¿No tienen derecho los padres o la mujer de uno de los pilotos, por muy ucraniano que fuera, a saber si les dieron los restos de su hijo o su marido?, ¿no tienen derecho los familiares españoles o ucranianos a saber donde acabaron los restos de la bolsa nº 76?, ¿no tienen derecho a que se localice la víctima “desaparecida” de la que se desconoce su perfil genético?
PETICIÓN DE INVESTIGACIÓN
Nunca sería tarde para poner en marcha una comisión de investigación parlamentaria (CIP) como la pedida por los familiares de las víctimas, entre ellos usted misma, y por algún grupo político como Unidas Podemos que junto con los socialistas tienen mayoría en el Congreso. ¿Qué mejor ocasión, una vez cerrada la vía judicial, para “saber la verdad”, conocer a los “auténticos responsables” y hasta “saber quién se llevó dinero con los contratos”?
A raíz del accidente, la asociación de familiares de las víctimas pidió la creación de una comisión de investigación parlamentaria (CIP) contando con el apoyo de la oposición, socialistas e Izquierda Unida, pero el PP, entonces con mayoría, se opuso.
CON ZAPATERO
Con Zapatero en el gobierno, y evidenciado en los primeros resultados de los cotejos de ADN que había habido víctimas mal identificadas, se esperaba que se impulsara la CIP. Pues iba a ser que no, los socialistas ya no estaban interesados en crear la del Yak-42: «la pedimos como oposición, ahora somos gobierno y debemos actuar como tal», se sinceró la vicepresidenta M.ª Teresa de la Vega
Como la opinión que se había creado acerca del accidente les resultaba políticamente favorable, se había demonizado a Trillo y a algunos militares, y las salpicaduras llegaron a lo más alto, ya nadie quería la comisión y los que menos los familiares. Sin comisión parlamentaria previa le montaron, en una cruel encerrona en el Parlamento, una reprobación política al exministro de Defensa.
CON RAJOY
Rosario, dos legislaturas de Zapatero con mayoría parlamentaria, y los familiares se olvidaron de la investigación parlamentaria. Se va Zapatero, viene Rajoy, y vuelta a indignarse por el comportamiento del PP; que si la indiferencia, que si la ocultación, que si dónde están los contratos de los vuelos, que si Trillo embajador, que si la comisión de investigación que se nos niega…
CON PEDRO SÁNCHEZ
Vuelven los socialistas y ustedes exigen la comisión de investigación pero con la boca chica. Yo sí he intentado conseguir esa CIP poniéndome en contacto, hasta casi rozar el acoso, con las dos diputadas socialistas en la comisión de Defensa del Congreso, que bien podrían impulsar la investigación. Les mando esto y esto:
Y me contestan esto y esto:
Así hasta nueve veces por ahora, ¡no hay manera!
E-mail: ran.atletico100@hotmail.com
