29ª YAK-42: TIROLOCO PRESENCIA

COMO TIROLOCO

Como Tiroloco disparando contra todo lo que se meneaba, el ex juez Fernando Presencia denunció a buena parte de los magistrados de la Audiencia Nacional y del Supremo, a miembros del Gobierno, y a quien se le pusiera por delante, sin compasión. ¿Al presidente de la Sala de lo Penal?, denuncia que te crió; ¿a la fiscal General, a la ministra de Defensa, a otros miembros del Gobierno?, denuncia que te crió. Que si evasión de dinero a paraísos fiscales, que si mordidas, que si prevaricación…, todo el catálogo delictivo iba estrujado en sus acusaciones.

Ocurrió que al paso del ex ministro de Defensa, Federico Trillo, también le soltó una ráfaga; su Asociación Contra la Corrupción y en Defensa de la Acción Pública (ACODAP) presentó ante el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) un “Formulario de Atención Ciudadana” en el que denunciaba, en relación al accidente aéreo del Yak-42, la intervención en España del juez togado militar n.º 32 de Zaragoza suplantando al juez civil de Torrejón de Ardoz, y la designación del togado militar por el entonces ministro de Defensa, Federico Trillo.

La denuncia (lo cuento más entretenidamente en otra entrada, “Yak42: denuncia en el CGPJ”), acabó en el Servicio de Inspección Judicial del CGPJ, en manos de su jefa, Amparo Camazón Linacero, quien emitió un informe de fecha 21 de junio de 2020 en el que decía que lo denunciado por ACODAP encajaba con un presunto ilícito penal cometido por el Juez Togado Militar Territorial número 32 y por el entonces Ministro de Defensa, D. Federico Trillo.

CAMAZÓN CONTRA TRILLO Y CONTRA EL JUEZ MILITAR

Amparo Camazón en su informe acusaba al juez militar de un presunto delito de falsedad en documento público por expedir las licencias de enterramiento e incineración de las víctimas del accidente aéreo, y de un delito de suplantación de funciones por reemplazar ilegalmente al juez competente, el juez del Registro Civil, en la recepción de los cadáveres en suelo español.

Por su parte, al ex ministro Trillo le acusaba de un presunto delito de prevaricación y tráfico de influencias por designar al juez militar para esas funciones, a sabiendas de que ni el togado militar era el competente, ni él como ministro era el cualificado para designarle.

Como la denuncia de ACODAP se basaba en una noticia publicada en el diario El País, la magistrada se agarró a que había que contrastar su veracidad, y hasta ahí llegó la “audaz” togada, porque no se ha vuelto a saber más del asunto, lo dejó prescribir.

La noticia buscada por la jueza estaba firmada por Miguel González, y dejaba clara la irrupción ilegal de la justicia militar en la recepción de las víctimas del accidente aéreo. M. González, que hizo de escribiente al servicio del ministro, José Bono, ahora, parece más dedicado a un análisis “neutral” de la política española.

EN TURQUÍA, NI LA FISCALÍA, NI SANIDAD EXTERIOR INTERVINIERON

Después del accidente aéreo la fiscalía turca facilitó la salida de su país de las víctimas sin documentación alguna, generándose de esa manera el primer eslabón de una larga cadena de incumplimientos e irregularidades administrativas que se continuaron en España. La sanidad exterior turca, encargada de autorizar la salida de los cuerpos de Turquía, no hizo su trabajo; una de dos, o no estuvo presente o miró para otro lado.

En Turquía honores militares, himno, bandera… pero las víctimas salieron sin documentar.

Al final, las víctimas salieron de aquel país sin salvoconductos mortuorios, saltándose el tratado de Estrasburgo de traslado internacional de cadáveres y restos mortuorios que tenían firmado tanto España como Turquía.

EN ESPAÑA, NI SANIDAD EXTERIOR, NI JUEZ

Al llegar los cuerpos a España lo reglamentado es que nuestra Sanidad Exterior autorice su entrada y que, ante cualquier irregularidad en la documentación o en algún féretro, se dé parte al juez de 1ª instancia encargado del Registro Civil en el punto de Entrada.

En España funerales, honores militares,… pero las víctimas se enterraron sin documentar.

Llegados a este punto, ocurrió que Sanidad Exterior española no había sido advertida de la llegada de las víctimas, que los cuerpos llegaron indocumentados y que había que avisar al juez del Registro de Torrejón de Ardoz. Como Sanidad Exterior estaba en la inopia, Defensa, única conocedora de todo, llamó al juez, pero éste se negó a intervenir, hizo dejación de sus obligaciones. Estaban presentes en el juzgado del Registro Civil de Torrejón de Ardoz el juez entrante y el saliente de guardia, y ambos se negaron a hacerse cargo de la entrada de los cadáveres. Defensa pensó entonces que la mejor solución sería desentenderse del juez civil y nombrar a un juez militar que no fuera un tiquismiquis, que no les pusiera trabas en los funerales y enterramientos.

¿QUIÉN COÑO ERA DEFENSA?

Defensa nombró, Defensa designó,… pero ¿quién coño era Defensa? La denuncia de ACODAP se puso con el convencimiento de que la designación del juez militar la había hecho el propio ex ministro Federico Trillo; pero como he dicho, la magistrada Camazón reculó del informe que ella misma había elaborado y lo dejó prescribir.

LA JUEZ QUE SE ARRUGÓ

¿Que por qué se arrugó la responsable de “asuntos internos del CGPJ”?; ahora es fácil de comprender:

1. Para la magistrada echarle el lazo a una persona como Federico Trillo, que se les había escurrido a los familiares de las víctimas y a los fiscales Zaragoza y Conde Pumpido, supondría laurearse por una opinión pública convencida de que el del PP se fue de rositas del asunto.

2. Entrada en materia se debió dar cuenta de que, por un lado, Trillo se le escaparía a ella también, y por otro, se generaría con toda seguridad, una conmoción en la justicia de consecuencias imprevisibles, pues no olvidemos que el ponente del caso Yak 42, Gómez Bermúdez, fue también el ponente del caso 11 M, y el instructor del accidente aéreo, Grande Marlaska, estaba en el momento de la denuncia, y sigue a día de hoy, colocadito de ministro del Interior.

¿Por qué digo que la magistrada Camazón no podría enganchar a Trillo y, además, se provocaría una sacudida brutal en el mundo judicial?; vamos con ello.

NO FUE TRILLO

Al poco de llegar al Gobierno, José Bono, sucesor de Trillo en el ministerio de Defensa, acudió al Congreso para informar sobre el accidente aéreo. Hablador como siempre y como pocos, dijo cosas:

1. Que el juez de Torrejón hizo dejación de funciones.

2. Que éste fue suplantado por el juez militar n.º 32 de Zaragoza.

3. Que el togado militar firmó las órdenes de incineración y enterramiento desde Barcelona.

4. Que los certificados de defunción del Registro Civil llegaron cuando las víctimas estaban enterradas o incineradas.

Bono se quedó con las ganas; en su comparecencia no pudo inculpar directamente a Trillo, se limitó a hacer insinuaciones porque carecía de evidencias.

¿Estaba José Bono restando responsabilidad a Federico Trillo?, ¿negaba importancia a la dejación de funciones del juez de Torrejón?, ¿consideraba trivial su suplantación por un juez militar?, ¿de dónde había sacado toda esa información?

EN EL “LEGADO DIGITAL” DE JOSÉ BONO

Ha tenido que ser con la descarga de su “legado digital” cuando hemos podido acceder a documentos que explican las aseveraciones hechas por Bono en la Comisión del Congreso. Resulta que una semana antes, el 29 de junio, había tenido lugar una reunión en el ministerio de Defensa para recabar información del accidente aéreo con el fin de preparar la intervención del ministro Bono. Tras la reunión el general Manuel Bretón, Director del Gabinete Técnico del Ministro, elaboró una nota resumen.

Relación de asistentes a la reunión. Estuvieron presentes dos jurídicos, el coronel auditor Ricardo Fortún, quien había elaborado para Trillo el insulso “informe Fortún” sobre el accidente aéreo, y la capitán Martínez Conde. Llama la atención la ausencia de los tres miembros de la Asesoría Jurídica conocedores de la entrada en España de las víctimas sin identificar: el general auditor Javier Juliani, el coronel auditor Ignacio de la Rivas y el comandante auditor Alberto Ruiz de los Paños.

Fragmentos de la nota resumen de la reunión firmada por el general Manuel Bretón.

LA REUNIÓN EN DEFENSA

La reunión estuvo presidida por el ministro José Bono y en ella se trataron aspectos de la repatriación de las víctimas que no es posible que se tragara el ministro, y menos éste, pero sí que le interesara disimularlo y limitarse a indicar a Bretón que dejara constancia de todo lo tratado. De la nota resumen elaborada por el general extraemos:

1. El general auditor JAVIER JULIANI HABLÓ CON EL JUEZ DE TORREJÓN para que emitiera la licencia de enterramiento de las víctimas del accidente aéreo, pero EL JUEZ SE NEGÓ a intervenir. Es decir, fue Juliani, como Asesor Jurídico de Defensa, quien gestionó la intervención judicial en la repatriación de las víctimas.

2. Los jurídicos presentes en la reunión dicen que “se ignora” quién firmó el salvoconducto mortuorio. El salvoconducto mortuorio es el único documento exigible por la Sanidad Exterior para despachar la salida y entrada de los cadáveres entre países firmantes del acuerdo de Estrasburgo. En este caso los debiera haber firmado la autoridad sanitaria del país de salida, Turquía, pero no lo hizo; NUNCA EXISTIERON LOS SALVOCONDUCTOS MORTUORIOS.

3. Literal: “Ni el coronel, ni la capitán dan noticia de quién autorizó el traslado de los cadáveres hasta los puntos de la inhumación y tampoco sobre quién dio la orden de enterramiento. Se limitan a decir que desde Turquía, días después del entierro llegaron los certificados del Registro Civil Consular”.

En otras entradas he explicado todo esto de manera minuciosa, así como la participación fundamental del general Manuel Bretón, a quien vemos, tiene cojones, como redactor y firmante del contenido de esta reunión. ¿Qué es eso de que “se limitan a decir” que días después del entierro llegaron los certificados del Registro Civil Consular?; oiga usted, que fue el propio Bretón quien le pidió al cónsul Raimundo Ezquerra que enviara las inscripciones del R. C. C. el día 29 de mayo, cuando las víctimas estaban enterradas o incineradas, y el cónsul las envió el día 30, para que el general Beltrán pudiera presentar su informe en el Congreso.

Entre dos ministros. Javier Juliani era el Asesor Jurídico de Defensa con Federico Trillo, al que sirvió y para el que tramó, junto con el general Bretón, la irregular repatriación, traslado y entierro de las víctimas del accidente aéreo. Al llegar José Bono a Defensa, en lugar de denunciar su actuación en relación al accidente aéreo, mantuvo a Juliani en el mismo puesto y poco después le promovió como magistrado del Tribunal Supremo. Juliani quedó de esa manera atrapado en la red del diabólico político; ¡ojo!, Juliani, y por extensión todo el poder judicial.

JAVIER JULIANI HERNÁN, “EL ONE” DE LOS JURÍDICOS

El general Juliani, lo he comentado en varias entradas, funcionó como Asesor Jurídico de Defensa con Trillo, quien le ascendió tras el accidente a General Consejero Togado, “el one” entre los jurídicos militares, pero lo cojonudo es que José Bono al conocer los hechos, en vez de darle la patada y denunciar su actuación, lo que hizo fue mantenerle como Asesor de Defensa y después catapultarle, como favorito de una terna que presentaba Defensa, a la Sala V de lo Militar del Tribunal Supremo; al Olimpo de los jueces.

Quedaba de esta manera Juliani, cual Fausto, en manos del mefistofélico político socialista; ¿alguien más “pillado” que ese tío?, ¿alguien más “pillado” que el mismo Estado de Derecho?

JOSÉ BONO CON BARRA LIBRE EN EL SUPREMO

Bono se había trabajado la “barra libre en el Supremo” como se vio en la investigación de su patrimonio personal; ¿se acuerda usted?, lo del Pocero, lo de Reyal Urbis, el regalo de caballos…, ¿se acuerda?, se le acusaba de cohecho, falsificación de documentos y delito fiscal; bueno, pues nada, carpetazo definitivo al asunto, ni indicios de delito, todo basado en “recortes de periódicos”.

Por si no fuera suficiente con su ascendencia en el Supremo, Bono puso en formación a todo su ejército, y lo hizo tras una paellita en su hípica de Toledo: el director del CNI, Félix Sanz, el ex director Alberto Saiz, su cúpula en Defensa, JEMAD, JEME, JEMA, AJEMA, SEGENPOL, Secretario de Defensa…, y sus protegidos en Castilla la Mancha, ¿impresiona ahora?, pues imaginémonos entonces.

AL LIMBO DE LOS EXPEDIENTES PRESCRITOS

Todo lo que la magistrada Camazón achacaba en su informe a Federico Trillo; lo de prevaricación, tráfico de influencias y tal, ahora tendría que imputárselo a Javier Juliani, magistrado del Tribunal Supremo y, oiga usted, no es lo mismo; no se trataba de sancionar o darle un toque a un juez de instrucción en Cadalso de los Vidrios, se trataba de investigar, ni más ni menos que a un juez del Supremo. Yo en su lugar, lo reconozco, me cagaría por las patas…, pero qué se le va a hacer, gajes del oficio, ella y no otra fue la designada para resolver la denuncia interpuesta por ACODAP, para eso la pusieron, y no lo hizo, lo dejó prescribir; lo mandó al limbo de los expedientes prescritos.

La magistrada Amparo Camazón entre Federico Trillo, el reflexivo de la izquierda, ex diputado del Partido Popular, ex ministro de Defensa, ex Presidente del Congreso, letrado por oposición del Consejo de Estado, miembro del Opus Dei, y Javier Juliani, magistrado del Tribunal Supremo.

DE HERODES A PILATOS

Resumiendo hasta ahora: cuando la juez Camazón se enteró de que la denuncia contra Trillo y el juez militar escondía en realidad la dejación de funciones del juez del Registro Civil de Torrejón, su suplantación por el togado militar n.º 32, José María Llorente Sagaseta de Ilurdoz, la designación ilegal llevada a cabo por el general auditor Javier Juliani Hernán, sin ninguna competencia para ello, y todo eso sin prueba alguna de que hubiera habido intervención del ministro Trillo, su señoría se riló, se lavó las manos, lo dejó prescribir. Después comunicó a los denunciantes que si bien la vía disciplinaria quedaba agotada por la “prescripción de los hechos”, aún les quedaba la vía penal.

INMACULADA IGLESIAS SÁNCHEZ

ACODAP interpuso denuncia entonces en el Juzgado de Instrucción n.º 19 de Madrid. Su titular, la juez Inmaculada Iglesias Sánchez, había sido firmante en su día de un manifiesto contra la politización de la justicia, ya sabe, elección de los vocales del CGPJ por los jueces, no pasar la instrucción de los casos a la fiscalía…

La juez, según leemos (heraldo.es, de 1 de julio) también se lavó las manos. Sin practicar diligencias, ni solicitar declaraciones, se deshizo del caso como si le diera calambre; lo hizo de manera motivada, pero con una argumentación que espeluzna: “los denunciantes no tienen la condición de ofendidos o perjudicados”.

Acojonante, usted no puede interponer una denuncia por violación, corrupción, abuso de poder, prevaricación, o lo que sea… si no está directamente afectado por el delito.

EL CARTERO SIEMPRE LLAMA DOS VECES

Pero el cartero siempre llama dos veces, y hace poco la Fiscalía interpuso denuncia contra el ex juez Presencia por un delito contra las altas instituciones del Estado y de calumnias e injurias contra otros jueces.

El juez Gadea, de la Audiencia Nacional, ha admitido la denuncia, dispuesto el cierre de la web de ACODAP y solicitado a la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil que lleve a cabo las investigaciones necesarias para precisar los afectados por las acusaciones lanzadas por ACODAP.

Entre “los afectados” la UCO encontrará al juez togado militar n.º 32 en la época del accidente aéreo, y al ex ministro de Defensa, Federico Trillo, los cuales, claro está, no tendrán interés en ser señalados o concernidos de nuevo, preferirían mantenerse en la sombra, pero ¡qué se le va a hacer Federico!, ahora se trata de estudiar la veracidad de la acusación hecha por la asociación del ex juez Presencia.

UN FERNANDO PRESENCIA “MAJARETA”

Otra de las medidas tomadas por el juez Gadea ha sido que Fernando Presencia sea estudiado por el forense para que dictamine sobre su estado mental, a lo que el investigado se ha negado: «quieren tacharme de loco y quieren ingresarme«.

Sería la solución, radical y sencilla, bien recibida por el resto de la judicatura y por el CGPJ, y con toda seguridad, provechosa en la carrera profesional de Gadea: un Fernando Presencia “majareta”, “inimputable”, que convirtiera todas las denuncias y acusaciones hechas por ACODAP, incluida la vertida contra el togado militar 32 y Federico Trillo, en fruto de sus pensamientos delirantes y paranoicos; todo al mismo saco.

ESPEREMOS DEL JUEZ GADEA

Esperemos que el juez Gadea tenga más arrojo que las magistradas Iglesias y Camazón, y tirando de ese fleco que supone la denuncia de ACODAP, destape las ilegalidades en la repatriación y enterramientos de las víctimas del accidente del Yak-42:

• Dejación de funciones del juez de Torrejón,
• Prevaricación del general auditor Javier Juliani Hernán
• Suplantación de funciones por el togado militar n.º 32

Y tirando, tirando, del fleco, asomaran otras irregularidades, ilegalidades y actuaciones delictivas por parte del cónsul de España en Estambul, del instructor Grande Marlaska, del juez Gómez Bermúdez…

Esas ilegalidades dejaron como resultado “la condena de tres médicos militares inocentes por un delito que no cometieron, y la imputación durante cuatro años de seis altos mandos por un delito que no existió”.