Entrada retocada y suavizada por consejo de mi I.A. el 19-09-25
MAL MINISTRO, ¿BUEN JUEZ?
Sobre este personaje y su camaleónica evolución ya me referí en una entrada anterior, pero es que el tío no cesa:
Si como ministro su crédito está por los suelos, habiendo sido incluso reprobado en el Congreso por la tragedia de Melilla, incomprensiblemente, como juez mantiene una buena reputación. Igual que el maestro Ciruela, “que sin saber leer puso escuela”, ahora vemos a Marlaska dando lecciones a los colegas y soltando perlas contra la instrucción del juez Peinado, desde su condición de juez con una “experiencia de más de 30 años”.
Dice del otro juez: “retuerce la ley, por no dejar declarar al presidente por escrito”; hace una “investigación prospectiva”; hace “una investigación extramuros ajena a un procedimiento penal”; “es el paradigma de lo que no debe ser una instrucción judicial”…
MARLASKA, EL JUEZ
Pero, ¿y Marlaska como juez? Repasando su instrucción del caso Yakovlev nos encontramos una contravención múltiple y encadenada. Veamos:
1. Ocultó las irregularidades llevadas a cabo por la fiscalía de Trabzon y el gobierno turco en la entrega de los cuerpos de las víctimas españolas y ucranianas, y para facilitar su salida de Turquía, sin emitir los preceptivos salvoconductos mortuorios, saltándose el tratado de Estrasburgo de traslado internacional de cadáveres y esquivando los obligados controles sanitarios por parte de la sanidad exterior turca.
Mucho himno y muchos honores militares, pero las víctimas del accidente salieron de Turquía sin registrar, indocumentadas y sin pasar ningún control sanitario.
2. Ocultó la intromisión “manu militari” del general auditor Javier Juliani Hernán, Asesor Jurídico de Defensa, sustituyendo, sin ninguna autoridad para ello, al juez civil de Torrejón de Ardoz, el competente, por un juez militar, el juez togado militar n.º 32, para gestionar la entrada de las víctimas en España.
“El General Juliani, como Asesor Jurídico General de la Defensa, habló con el juez de guardia de la ciudad de Torrejón de Ardoz para que expidiese las correspondientes órdenes de enterramiento, pero el juez se negó a intervenir y manifestó que tan sólo tomaba nota de lo que se le decía, pero que se negaba a intervenir en este asunto”.
Hay que entender que si el juez competente se negaba a “intervenir en ese asunto” es porque “ese asunto” que se le solicitaba era algo más que emitir unas órdenes de enterramiento.
3. Ocultó la dejación de funciones del juez de Torrejón de Ardoz, quien se negó, siendo el único incumbido, a gestionar la entrada de los cuerpos de las víctimas en España, dejando que esa función se llevara a cabo por un juez intruso, el togado militar n.º 32.
La negativa a gestionar la entrada de los cadáveres en España se dio, al parecer, por el saliente y el entrante de guardia en el juzgado.
4. Ocultó las falsedades documentales llevadas a cabo, para facilitar la salida de los cuerpos sin identificar de la base aérea de Torrejón de Ardoz, por el juez militar togado n.º 32, José Mª Llorente Sagaseta de Ilurdoz, por el teniente coronel médico Santiago Coca Menchero, por el director del gabinete técnico del ministro de Defensa, general de división Manuel Ramón Bretón, por el cónsul de España en Estambul, Raimundo Ezquerra y por el gerente de la EMSFSA.
Izda. Javier Juliani, impuso, sin ninguna autoridad para ello, un juez militar para sustituir al juez del registro civil de Torrejón. José Bono le promovió a magistrado del Tribunal Supremo.
Centro. Manuel R. Bretón facilitó, junto al gerente de la EMSFSA y al cónsul de España en Estambul, Raimundo Ezquerra, la salida sin documentos y sin identificar de los cadáveres de la base aérea de Torrejón. José Bono le ascendió a teniente general y la Conferencia Episcopal le hizo presidente de Cáritas España.
Dcha. Santiago Coca Menchero aportó los formularios y enredó a los médicos para que firmaran, para el juez militar, los certificados por los que fueron condenados. Fue ascendido a general de división médico y nombrado IGESAN. Más detalles en :
5. Ocultó la intrusión del juez militar togado n.º 32, José Mª Llorente Sagaseta de Ilurdoz, en otro orden jurisdiccional, el civil, donde no tenía ninguna competencia.
Juliani puso a un juez militar para evitar que el juez civil pudiera llevar a cabo una regularización de documentación y la identificación de los cuerpos en Torrejón. Malamente podría el togado n.º 32 alegar “obediencia debida”.
6. Ocultó y disfrazó las diligencias de la instructora precedente, Teresa Palacios, quien evitó la toma de declaración de todas las personas reseñadas en los puntos anteriores, y tras las exhumaciones y redistribución de cadáveres en el cementerio de la Almudena de Madrid, a pesar de disponer de las tablas de reasignación de los cuerpos validadas por el INTCF, dejó como mínimo el siguiente revoltijo de restos:
Los restos A-2, A-3, A-4, A-5, A-7 y A-8, que se citan, son seis de los nueve restos de la bolsa n.º76 de los que se habla en las actas de entrega de los cuerpos por la fiscalía turca que fueron repartidos entre las bolsas mortuorias por los forenses turcos a espaldas de los patólogos militares españoles, y que no fueron redistribuidos por la juez Teresa Palacios para no incriminar a forenses y fiscales turcos.
Además de esa mezcolanza, con toda seguridad hay más: restos de víctimas españolas con restos de la tripulación, indicios de que “desapareció” un perfil genético, o sea, un cadáver, en ese batiburrillo, y de que el resto n.º 85 (A-10) se corresponde con la pierna aparecida con posterioridad, lo que se solventó ante la opinión pública como si fueran “restos de un animal”.
7. Marlaska como instructor del caso continuó la táctica de su predecesora, Teresa Palacios: evitó deliberadamente la obtención de las declaraciones de colegas implicados en la repatriación e inhumación irregular de las víctimas, mantuvo, sin comunicárselo ni a los familiares afectados, la mezcla de restos de víctimas en los cementerios, y no realizó ninguna diligencia de prueba, ninguna.
Marlaska, al acercarse las elecciones generales de 2008, ante una más que probable victoria del partido popular, cerró los sumarios, pero como al final la victoria fue para Zapatero, Marlaska a petición del fiscal general del estado, Cándido Conde Pumpido, y del fiscal de la Audiencia Nacional, Javier Zaragoza, se vio “obligado” a reabrirlos, y lo hizo de forma sádica, imputando a 5 altos mandos militares de la época de Trillo, incluidos los antiguos JEMAD y JEMACON, por imprudencia grave en la contratación del avión con resultado de 62 muertes, y a tres médicos militares por falsedad en documento oficial.
A los primeros les tuvo imputados durante cuatro años, hasta el final de la segunda legislatura de Zapatero, por 62 muertes imprudentes, y contra los médicos militares acordó apertura de juicio oral por delito de falsedad de documento oficial que concluyó con la condena de los tres médicos, por un tribunal presidido por el juez Javier Gómez Bermúdez.
Izda. El entonces fiscal general del Estado y hoy presidente del Tribunal Constitucional, Cándido Conde Pumpido, con el entonces fiscal jefe de la Audiencia Nacional y hoy fiscal de Sala en el Tribunal Supremo, Javier Zaragoza. Dcha. Javier Gómez Bermúdez ponente en el juicio contra los médicos militares y presidente de la Sala de lo Penal de la A. N., cargo, éste último, del que después fue desplazado por Grande Marlaska aupado por un ingenuo partido popular.
Certificados médicos de defunción emitidos por el general Navarro a solicitud del teniente coronel médico Coca Menchero para el juez militar. Eran certificados militares, con sello del Hospital Central de la Defensa Gómez Ulla, firmados como general médico, no como médico colegiado, que no incluían falsedad alguna, y que habían sido requeridos por la autoridad judicial. Por unos certificados de necropsia de similar consideración, y como los certificados de Navarro sin falsedad alguna, fueron condenados los dos patólogos que le acompañaron a Turquía.
CONDECORÁNDOSE POR SU LABOR
El juez Grande Marlaska, instructor, y el juez Gómez Bermúdez, ponente del tribunal que condenó a los tres médicos militares, fueron condecorados en 2010 por el gobierno socialista con la cruz pensionada al mérito policial con distintivo rojo (“la de Billy el Niño”).
Izda. Ahora es Marlaska, como ministro, quien reparte las medallas y le larga una como la suya a Cándido Conde Pumpido. Dcha. El trio más letal en la política actual, capacitado para desangrar un Estado de derecho.
Hola, 👋, absolutamente 👍 de acuerdo en todos sus términos.